Sistema anticorrupción de chihuahua impulsa nuevas estrategias para la integridad empresarial y difusión institucional
Durante la celebración de su décima sesión ordinaria, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua avaló de manera unánime un par de convenios estratégicos. Estas disposiciones buscan consolidar la cultura de prevención frente a prácticas ilícitas y dar cumplimiento puntual a la Política Estatal Anticorrupción.
Capacitación enfocada en el sector privado
La primera de las medidas aprobadas sienta los cimientos para poner en marcha un esquema integral de formación y capacitación orientado a las empresas de la región. El proyecto contempla instruir al empresariado en temas fundamentales como cultura de integridad, administración de riesgos, cumplimiento normativo interno y canales efectivos de denuncia.
Para lograr estos objetivos, se emplearán diversos formatos pedagógicos que incluyen talleres prácticos, conferencias magistrales, cursos especializados y recursos digitales. En este esfuerzo colaborarán de manera directa las distintas dependencias e instituciones que conforman el órgano coordinador.
Estrategia unificada de comunicación pública
Como segundo punto relevante, el pleno dio luz verde a un modelo de colaboración enfocado en la difusión institucional. Este mecanismo permitirá sincronizar las labores de divulgación sobre la prevención de irregularidades, además de transparentar los avances logrados por el sistema.
Para optimizar la fluidez informativa, cada organismo involucrado nombrará a un funcionario especializado que fungirá como enlace de comunicación, garantizando así un flujo constante y coordinado de contenidos y material de interés general.
Nuevas herramientas para la función pública
En el marco de la misma asamblea de trabajo, la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción dio a conocer la Guía Práctica para la Elaboración del Código de Ética y de Conducta en las Instituciones Públicas.
Dicho instrumento técnico pretende dotar a las dependencias gubernamentales de los elementos necesarios para actualizar o redactar sus normativas éticas internas. Como parte de este seguimiento, se propuso la creación de una mesa de trabajo conjunta para recibir aportaciones de los organismos interesados, con el propósito de robustecer el documento y fomentar la honestidad dentro del servicio público.
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