Solomy Balungi, jueza de la Corte Penal internacional sancionada por Trump: “Es una caza de brujas”

Solomy Balungi Bossa (Uganda, 1956) estrecha la mano con suavidad y habla con un volumen casi imperceptible. Guardiana del derecho internacional en uno de los tribunales más importantes del mundo, se ha convertido en objetivo de Donald Trump. “La justicia internacional empieza a morder y eso no les gusta”, dice la jueza de la Corte Penal Internacional (CPI). Balungi Bossa tiene sus cuentas y tarjetas bloqueadas, no puede hacer transferencias bancarias y la mayoría de las aplicaciones de su teléfono dejarán de funcionar muy pronto, desde Gmail a WhatsApp.

La jueza —perseguida por EEUU por su decisión a favor de la investigación en la CPI de los crímenes cometidos en Afganistán— resalta su condición de mujer negra del Sur Global como objetivo de la “caza de brujas” del presidente Trump, subraya su ilegalidad internacional y denuncia que “las potencias que deberían proteger el orden mundial están optando, por el contrario, por socavar la justicia”. Balungi Bossa atiende a elDiario.es durante una visita a Madrid para participar en una charla junto con el jurista Baltasar Garzón y el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar en el Ateneo sobre los ataques de Washington contra el sistema de justicia internacional y la respuesta de la Unión Europea. “La UE está secuestrada por una mayoría que nada en la dirección equivocada de la historia”, ha denunciado el eurodiputado.

¿Qué impacto tienen estas sanciones de EEUU a su vida cotidiana, si es que lo tienen?

Sin duda afectan a mi vida cotidiana. La vida se ha vuelto más difícil porque me cuesta acceder a los servicios financieros. Recibo mi salario como jueza, pero no puedo transferir dinero a ningún sitio porque la mayoría de las transferencias utilizan el sistema SWIFT, que es un sistema estadounidense. Mi cuenta de la ONU está bloqueada, mi tarjeta de crédito ha sido bloqueada. Todas las aplicaciones del teléfono están bloqueadas, no se actualizan. En algún momento dejarán de funcionar.

La comunicación es difícil. Enviar dinero es difícil. No soy ciudadana de Países Bajos [país donde tiene su sede la Corte Penal Internacional]. Mi familia vive en Uganda y en otros lugares, tengo que ocuparme de mi hogar y no puedo enviar dinero. Pero eso es solo el efecto inmediato, en el fondo te sientes injustamente tratada porque te están castigando por algo por lo que no deberías ser castigada: simplemente por hacer tu trabajo.

Es una caza de brujas dirigida contra unos pocos de nosotros. En el caso por el que fui sancionada nos reunimos como sala de la Cámara de Apelaciones, compuesta por cinco jueces, y llegamos a una decisión unánime, pero en un principio nos sancionaron solo a mí y a otra jueza de Perú. Más tarde nos enteramos de que los otros dos —de Gran Bretaña y Polonia— habían finalizado sus mandatos, por lo que no tenía sentido sancionarlos. Pero, en un principio, solo nos sancionaron a dos de nosotros y no sabemos qué motivó esta decisión. Al juez canadiense que formaba parte del tribunal con nosotros lo sancionaron mucho más tarde.

Es doloroso porque no merecemos ser sancionados, sobre todo teniendo en cuenta la decisión que tomamos. Pero incluso si hubiera sido errónea, no es así como se trata a los jueces. Existen procedimientos claros establecidos por ley —fijados por la Asamblea de los Estados Parte— para sancionar a los jueces por infracciones. Así que, el hecho de que nos sancione precisamente un Estado que noe s no parte del tribunal, es especialmente grave. Según hemos deducido de las conversaciones con ciertos gobiernos, quieren ver un cambio de actitud por parte de los jueces del tribunal. Básicamente, lo que dicen es: “Si no falláis como queremos, os sancionamos”.

Éramos cinco jueces que tomamos la decisión por unanimidad, pero solo nos sancionaron a dos. Una soy yo, mujer negra del Sur Global y la otra es mi colega de Perú, también mujer de color. La conclusión es que van a por aquellos que no hacen ruido

¿Cree que este tipo de acciones socavan la independencia o la autoridad de la CPI?

Por supuesto. Socavan la independencia del tribunal, la independencia de los jueces, la seguridad de las víctimas y la propia seguridad de las organizaciones que ayudan al tribunal a recabar pruebas, porque ellas también han sido sancionadas. Así que hay muchas víctimas de estas sanciones. Los jueces obviamente son los primeros, pero la lista sigue. Sí. Y, por supuesto, el orden internacional es una de ellas.

A usted le sancionaron por el caso de Afganistán. Es increíble ver cómo EEUU boicotea un caso en el que el tribunal investiga crímenes como el apartheid de género de los talibanes u otros tipos de abusos flagrantes contra los derechos humanos.

En realidad, ni siquiera somos nosotros quienes investigamos el caso. Tenemos un fiscal y el fiscal selecciona las situaciones de las que nos ocupamos. Así que el fiscal presentó el caso ante la sala y, tras pasar por varias salas, nosotros fuimos el tribunal de última instancia en conocerlo porque nos ocupamos de los recursos tanto de la Sala de Cuestiones Preliminares como de la Sala de Primera Instancia. Así que la decisión que se recurrió —y que nosotros anulamos— fue que la Sala de Cuestiones Preliminares había decidido que no redundaba en interés de la justicia investigar la situación en Afganistán.

Nosotros dijimos que era una premisa errónea y que la situación debía investigarse. Esa fue nuestra decisión [por unanimidad]. Y lo otro que realmente nos ha sorprendido es que se trata de una decisión que tomamos hace cinco años y no fuimos sancionadas hasta el año pasado. Ni siquiera fue una decisión inmediata.

¿Y por qué ahora?

Exacto, ¿por qué ahora? Tiene que ver con el cambio de liderazgo en EEUU porque el presidente Biden no había hecho nada al respecto. Entonces llegó Trump y dijo que debíamos ser sancionados. Nos sorprendió mucho que, en primer lugar, nos sancionaran por una decisión que habíamos tomado hacía más de cuatro años. Solo nos sancionaron a dos de nosotras. Una era yo, mujer negra del Sur Global, y la otra mi colega de Perú, que también es una mujer no blanca. ¿Qué se supone que debemos pensar? En la práctica están eligiendo a aquellos que hacen menos ruido por estas sanciones.

Me preocupa lo que decía antes sobre la efectividad de estas medidas a la hora de socavar el poder del tribunal. ¿Cambiaría su comportamiento?

No hemos cambiado nuestro comportamiento. Prestamos juramento cuando nos convertimos en jueces y ese juramento nos obliga a aplicar la ley fielmente y sin tener en cuenta indebidamente ningún otro asunto. Así que, por nuestra parte, simplemente seguimos haciendo nuestro trabajo tal y como lo entendemos. No tomamos decisiones para complacer a una parte u otra o a este Estado ni a aquel.

Entonces, ¿por qué esto realmente socava el poder de la CPI?

En primer lugar, porque se está castigando a la gente sin que haya cometido ninguna infracción. Eso es una forma de persecución. El fiscal está sancionado, por lo que no puede tomar muchas medidas. Independientemente de lo que le esté pasando, ya está sancionado por esto, así que no puede tomar las medidas necesarias para procesar los casos que requieren un proceso judicial. Las personas que investigan estos delitos y que se aseguran de proporcionar al tribunal información y pruebas también están sancionadas. Si las cosas no avanzan como deberían, el resultado es que las víctimas no obtienen justicia.

Parece que el sistema de justicia internacional se encuentra en un punto de inflexión o en una situación crítica debido a situaciones como la de Ucrania, Afganistán y Palestina, entre otras muchas.

El sistema de justicia internacional ha demostrado su resiliencia a pesar de los ataques dirigidos contra él tanto desde Occidente como desde Oriente, porque también tenemos jueces contra los que se han dictado órdenes de detención por su labor en relación con la situación en Ucrania. Han sido juzgados y condenados en ausencia en Rusia. Algunos no han sido solo condenados, sino también sancionados.

En este sentido, las potencias que deberían proteger el orden mundial están optando, por el contrario, por socavar la justicia internacional —de la que los jueces son los guardianes— y eso no transmite un buen mensaje. Los Estados son los que establecieron estos tribunales y esas potencias forman parte del Consejo de Seguridad, encargado de garantizar la paz mundial.

¿Puede haber justicia internacional si estas grandes potencias mundiales no solo la boicotean, sino que además son las que cometen estos crímenes internacionales con mayor frecuencia?

Creo que el sistema de justicia internacional seguirá funcionando porque lo establecieron muchos Estados. La Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, fue creada por la ONU y la Corte Penal Internacional está formada por 125 de los aproximadamente 190 Estados que existen en el mundo. Eso supone más de tres cuartas partes de todos los países del planeta, así que no se puede simplemente pasar por alto la voluntad de otros Estados solo por ser poderoso. Y por eso creo que estos sistemas prevalecerán.

¿Cree que el hecho de que se opongan a estos tribunales y a estos jueces es una señal de que la justicia internacional funciona?

Yo diría que sí. Creo que quizá esté empezando a morder y eso no les gusta.

Usted comenzó su carrera como activista en Uganda hasta llegar a jueza de uno de los principales tribunales del mundo. Supongo que ese recorrido no ha sido fácil, teniendo en cuenta además que es mujer y proviene de un país del Sur Global.

Bueno, todos empezamos por algún sitio. Empecé como activista y luego me hice miembro de dos colegios de abogados en Uganda y me involucré en proyectos de asistencia jurídica gratuita. Dirigí ambas organizaciones —especialmente la asociación de abogados— durante tres años consecutivos. Fui su primera presidenta. El trabajo que realicé allí, creo, ante todo, me abrió los ojos al trabajo que había que hacer [en el mundo]. También me ayudó a darme a conocer. Y así fue como, finalmente, llegué a ser jueza de la Corte Penal Internacional.

El sistema de justicia internacional ha demostrado su resiliencia a pesar de los ataques dirigidos contra él tanto desde Occidente como desde Oriente, porque también tenemos jueces contra los que se han dictado órdenes de detención por su labor en relación con la situación en Ucrania

Desde el punto de vista jurídico, ¿cuál es su análisis del caso en relación con la situación en Palestina?

No puedo hacer comentarios al respecto porque este asunto está sub judice en la Sala de Apelaciones. Estamos tramitando esta situación y no puedo comentarla en esos términos.

Usted formó parte del Tribunal Especial para Ruanda. ¿Sacaría alguna lección de aquello en relación con lo que estamos viendo en Gaza o en relación con el delito de genocidio en general?

La experiencia con el tribunal de Ruanda fue positiva porque, en mi caso, me permitió familiarizarme con el derecho penal internacional. Yo era jueza de primera instancia en aquella época, así que fue una experiencia valiosa. Esa fue la parte positiva. La parte negativa es que ves hasta qué punto podemos llegar como seres humanos: cómo podemos convertirnos en monstruos unos contra otros.

¿Qué significará el genocidio en Gaza para el futuro de la justicia internacional?

No lo sé. Depende de lo que decidan los tribunales. Hasta que se decida definitivamente, no creo que lo sepamos. No me atrevería a adivinar, pero creo que es positivo que los tribunales estén investigando esto. Es todo lo que puedo decir.