Tener una solicitud migratoria en proceso ya no frena las detenciones ni deportaciones en Estados Unidos
El panorama migratorio en territorio estadounidense atraviesa un momento de máxima tensión institucional y operativa. De acuerdo con un análisis difundido por el medio especializado Axios, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) logró finalizar 1.8 millones de expedientes durante los primeros tres meses del actual año fiscal. No obstante, esta cifra representa una disminución del 41% en comparación con el mismo lapso del periodo anterior, y un descenso del 28% frente al trimestre precedente.
El fin de una protección vital frente a las demoras burocráticas
En paralelo a esta desaceleración en la resolución de casos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tomó la decisión de eliminar la herramienta regulatoria que servía como paliativo ante la lentitud del sistema. Desde finales de octubre, las personas que solicitan la renovación de su autorización laboral dejaron de contar con la extensión automática de hasta 540 días, un beneficio que históricamente les permitía conservar su empleo de manera legal mientras las autoridades resolvían sus peticiones.
Dicho beneficio había sido diseñado originalmente para amortiguar los prolongados retrasos burocráticos generados al interior de la propia administración federal. Aunque la pérdida de vigencia del documento no anula de manera automática el estatus legal del migrante, continuar desempeñando labores con la acreditación vencida se traduce inmediatamente en empleo ilegal, un escenario que pone en riesgo la aprobación definitiva de cualquier trámite en curso.
Arrestos en citas rutinarias y operativos de control
La modificación en las directrices operativas ha tenido repercusiones directas en las calles. Desde el mes de noviembre, agentes adscritos al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han procedido a la detención de solicitantes justo al concluir sus entrevistas de ajuste de estatus en oficinas gubernamentales situadas en zonas de alta concentración migrante, tales como Nueva York, San Diego, Cleveland y el estado de Utah.
Como muestra de esta nueva directriz, en San Francisco se contabilizaron 539 arrestos durante citatorios migratorios ordinarios en el transcurso de un año. Diversos testimonios y reportes periodísticos confirman que contar con un expediente abierto ante las autoridades ya no constituye un escudo protector contra la privación de la libertad.
Las estadísticas oficiales reflejan un endurecimiento generalizado de la política de control. Solamente en el mes de julio, el ICE ingresó a sus centros de custodia a más de 46,000 personas, marcando el registro mensual más elevado de la temporada. Estas acciones se han extendido de manera simultánea a terminales aéreas, centros de trabajo y retenes de revisión vehicular en distintas regiones del país.
Por su parte, las autoridades del USCIS han defendido estas medidas argumentando que los retrasos responden a procesos de fiscalización mucho más rigurosos cuyo objetivo principal es inhibir las malas prácticas y el fraude documental. Asimismo, voceros de la dependencia señalaron que una masiva ola de retiros laborales mermó considerablemente la capacidad operativa de su personal. Hasta el momento, ninguna instancia gubernamental ha divulgado estadísticas concretas sobre cuántos de los extranjeros detenidos contaban con un proceso legal en trámite.
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