La necesidad de un cambio estructural en la seguridad
Durante el desarrollo de las mesas de trabajo convocadas por el Senado de la República para analizar la nueva Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito de Feminicidio, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) enfatizó la urgencia de robustecer las estrategias enfocadas en la prevención y la detección oportuna de riesgos.
Desde la perspectiva del organismo defensor, la violencia letal ejercida contra las mujeres no debe limitarse exclusivamente a una tipificación penal. Por el contrario, se trata de una grave afectación a los derechos fundamentales que encuentra sus raíces profundas en los contextos estructurales de desigualdad y discriminación que prevalecen en la sociedad.
Propuestas clave para la fiscalización y protección
Entre las aportaciones presentadas por la institución destaca el requerimiento imperativo de garantizar fondos presupuestales suficientes, personal debidamente cualificado y sistemas de monitoreo eficaces. Estos elementos son considerados indispensables para identificar con precisión los antecedentes de agresión y los patrones de peligro antes de que los casos escalen a consecuencias fatales.
Asimismo, la CEDH abogó por consolidar una articulación interinstitucional sólida que involucre de manera coordinada a las fiscalías, las corporaciones policiales, los órganos judiciales y otras dependencias gubernamentales, con el propósito de erradicar las acciones fragmentadas que merman la protección a las víctimas.
Capacitación con perspectiva de género
Otro de los ejes centrales planteados por el organismo autónomo radica en la formación permanente de los operadores de justicia. Esto abarca a ministerios públicos, elementos de seguridad pública, peritos, asesores jurídicos y personal jurisdiccional, exigiendo que cada uno de ellos actúe bajo rigurosos criterios de perspectiva de género, interseccionalidad y enfoque territorial.
De acuerdo con la institución, la incorporación de estas directrices debe permear de manera transversal en todas las etapas del procedimiento legal, abarcando desde las labores iniciales de prevención y la investigación ministerial hasta la efectiva judicialización y resolución de cada expediente relacionado con feminicidios.
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