La crisis política y judicial derivada de las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa sumó un nuevo capítulo este miércoles, luego de que el vicefiscal estatal, Dámaso Castro Zaavedra, solicitara licencia a su cargo en medio de señalamientos por presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas.
La decisión, informada por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, fue presentada como un acto apegado al marco legal vigente, citando disposiciones de la Constitución federal y estatal, así como la Ley Orgánica de la institución. En su solicitud, el funcionario expresó su disposición a colaborar con cualquier requerimiento institucional por las vías legales correspondientes.
Reacomodos ante presión externa
La salida temporal de Castro Zaavedra ocurre en un contexto de alta tensión diplomática, tras la petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos para que México detenga de manera urgente a diez funcionarios sinaloenses, acusados de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Entre los señalados destaca el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, quien, al igual que otros actores políticos locales, ha rechazado las acusaciones y optado por solicitar licencia temporal mientras avanzan las indagatorias en México.
El caso también involucra al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien siguió una ruta similar, en contraste con otros perfiles como el senador Enrique Inzunza, que ha decidido mantenerse en funciones pese a los señalamientos.
Respuesta del gobierno mexicano
El Gobierno de México ha marcado distancia frente a la solicitud estadounidense, al señalar que no se trata de un procedimiento ordinario de extradición y que, hasta el momento, no existen elementos probatorios suficientes que sustenten la urgencia de las detenciones requeridas por Washington.
En este escenario, la Fiscalía General de la República ha iniciado investigaciones propias para esclarecer los hechos, en un intento por procesar el caso bajo jurisdicción nacional y evitar un escalamiento mayor en la relación bilateral.
Impacto político y legal
El cúmulo de licencias solicitadas por distintos funcionarios refleja un intento de contener el desgaste institucional y político, en medio de un caso que ha detonado cuestionamientos sobre la penetración del crimen organizado en estructuras de gobierno.
Más allá de las responsabilidades individuales, el episodio abre un frente delicado para la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, al poner en el centro el intercambio de información, la soberanía judicial y la confianza entre ambos países.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso se perfila como una prueba clave para las instituciones mexicanas, tanto en su capacidad de respuesta interna como en el manejo de presiones externas en un tema de alta sensibilidad política.
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