La creciente ola de violencia que azota al sector del transporte público volvió a cobrar la vida de un trabajador del volante, generando un profundo clima de indignación, miedo y desesperación entre los operadores que cubren diversas rutas en la zona. El homicidio de un trabajador al servicio de la Ruta 27 ha encendido nuevamente las alertas sobre la vulnerabilidad a la que se enfrentan diariamente miles de choferes en el Estado de México, quienes denuncian estar a merced de la delincuencia organizada ante la aparente falta de garantías de seguridad por parte de las autoridades competentes.
Una ejecución directa que descarta el robo
De acuerdo con los primeros reportes policiales y los testimonios recabados en el lugar de los hechos, la agresión armada en contra de la víctima tuvo las características propias de una ejecución directa. Los testigos presenciales y compañeros del operador rechazaron tajantemente la hipótesis de un atraco frustrado, señalando con firmeza la brutalidad y la precisión con la que actuaron los agresores.
Ante la tragedia, el dolor y la impotencia se tradujeron en una contundente consigna por parte del gremio de transportistas, quienes exigieron justicia inmediata y un alto a la violencia sistemática que padecen. En medio del desconcierto por el homicidio, uno de sus compañeros expresó con profunda indignación: “Esto no fue un asalto, nos están matando”.
Cinco años de una crisis de violencia sin freno
Este trágico episodio no es un caso aislado dentro de la mencionada línea de transporte. Las estadísticas internas y las denuncias acumuladas por el gremio revelan una alarmante tendencia de ataques letales contra los trabajadores del volante. En los últimos 5 años, al menos tres conductores de la Ruta 27 han sido asesinados a balazos en circunstancias similares, lo que evidencia un patrón de agresión constante y focalizada que mantiene en alerta roja a todo el sector.
Los operadores señalan que esta serie de homicidios ha estado precedida por un clima de hostigamiento permanente. Durante este mismo lustro, los trabajadores han recibido amenazas constantes por parte de presuntos grupos criminales que operan en la región, los cuales buscan intimidarlos mediante la extorsión y el cobro de cuotas ilegales para permitirles realizar sus labores cotidianas.
Exigen intervención urgente de las autoridades de seguridad
Tras el atentado, las actividades en la base y los derroteros de la Ruta 27 se vieron severamente trastocadas, mientras los transportistas sostenían reuniones de emergencia para evaluar las medidas de protección que adoptarán ante la falta de respuestas institucionales eficaces. El sector denunció que las promesas de vigilancia en las zonas de mayor riesgo se han quedado en meros discursos, mientras los operadores continúan arriesgando la vida todos los días para llevar el sustento a sus familias.
El gremio hizo un llamado enérgico a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que esclarezca este artero crimen, dé con los responsables materiales e intelectuales y desarticule a las células delictivas que mantienen bajo asedio a los transportistas. La exigencia principal es clara: se requieren operativos permanentes de seguridad en los derroteros y acciones contundentes que frenen la impunidad con la que operan los sicarios en el territorio mexiquense.
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