Del bacalao a las navieras: los intereses empresariales de Europa hacen languidecer a las sanciones contra Rusia

En los pasillos de las instituciones comunitarias en Bruselas corre el dicho de que el principal enemigo de la Unión Europea son los propios países que la conforman. Estas semanas se ha vuelto a comprobar cómo los intereses nacionales, en este caso de las empresas de cada país, se ponen por delante de las políticas de la Unión.

Aunque las sanciones europeas contra Rusia han servido para debilitar y desabastecer a la maquinaria de guerra del Kremlin contra Ucrania, la aprobación del paquete 21 se está enfrentando a obstáculos internos por las consecuencias que puede tener para determinadas compañías europeas. Este miércoles y jueves, los embajadores de los 27 se reúnen en Bruselas para intentar cerrar acuerdos que permitan avanzar en las penalizaciones contra Rusia, mientras las firmas de lobby se esmeran ante los despachos de los diplomáticos y los funcionarios europeos.

“Dada la capacidad de adaptación de Rusia y de quienes facilitan la elusión de las sanciones, las tácticas para esquivarlas evolucionan constantemente”, explica Mihkel Märtens, investigador del Center for European Policy Analysis. “Por ello, la respuesta en materia de sanciones también debe ser dinámica, reflejando las nuevas formas de evasión e incorporando a más entidades, tanto en Rusia como en terceros países”.

De hecho, este grupo de penalizaciones también se propone sancionar infraestructuras críticas como puertos, aeropuertos o refinerías que comercian o procesan petróleo ruso. La medida pretende desincentivar a las refinerías de India, que están descargando más de dos millones de barriles de petróleo ruso al mes, ante los problemas de suministro por el cierre del estrecho de Ormuz por el conflicto en Oriente Medio.

Este nuevo paquete de sanciones empezó con mal pie tras el anuncio de Francia e Italia de que se opondrían al veto a la entrada en la UE cualquier persona de las Fuerzas Armadas rusas, una medida solicitada por 11 países europeos. El argumento de ambos países era la complejidad jurídica de la aplicación real de la medida, a lo que se suma que Francia e Italia reciben anualmente 180.000 y 160.000 llegadas respectivamente de ciudadanos rusos de muy alto nivel adquisitivo y se iba a perjudicar el turismo de lujo. Finalmente, se ha propuesto que la prohibición solo afecte a ciudadanos rusos que hayan participado en combate en Ucrania a partir de febrero de 2022, aunque tanto París como Roma siguen poniendo pegas por “los riesgos legales y la carga burocrática en los consulados”.

Ante la falta de consenso entre los países sobre un nuevo paquete de sanciones, los embajadores se volverán a reunir este miércoles 22 de julio. Entre otras cosas tienen que discutir qué hacer con el límite al precio del petróleo ruso en 44,10 dólares por barril, que se amplió hasta el 23 de este mes. Este tope ha sido una de las medidas para evitar que Rusia obtenga cuantiosos beneficios con la venta de crudo. La Comisión Europea tiene que tener un nuevo máximo precio para que entre en vigor el 1 de agosto, pero sin pacto sobre el paquete 21 y con los precios al alza por la guerra de Irán, la falta de acuerdo puede suponer un incremento de ingresos para el Kremlin.

Grecia pone obstáculos

Tampoco hay acuerdo alrededor de los vetos al Gas Natural Licuado (GNL) ruso y la flota que los transporta. En este caso, el país que más problemas está poniendo es Grecia y todo por la influencia sobre el Gobierno heleno que ejerce el multimillonario George Prokopiou, propietario de la naviera Dynagas, especializada en transporte de gas con metaneros rompehielos que trabaja para Yamal LNG, una de las mayores plantas de GNL del mundo. Aunque Yamal pertenece a la compañía rusa Novatek, también participan en el proyecto la petrolera francesa Total y compañías chinas. De hecho, el consejero delegado de Total, Patrick Pouyanné, ha presionado para que la Comisión Europea relaje la prohibición de comercialización de GNL ruso a partir de enero de 2027.

Según la agencia de análisis Kpler, Dynagas ha transportado más de 30 millones de toneladas de GNL de Yamal desde la invasión a gran escala de Ucrania, que supondrían más de 24.000 millones de dólares. El argumento del Gobierno griego para oponerse a esta sanción es que se abriría la puerta a que competidores de terceros países sustituyeran a las navieras griegas.

“Las sanciones deben suponer un coste significativamente mayor a Rusia que a la economía europea. Hay que negociar para que las medidas estén adecuadamente calibradas”, proponen desde el Gobierno heleno. La traducción diplomática es que Grecia está presionando a la Comisión Europea para lograr una excepción para esta empresa, lo que desde la institución europea se lee como una deformación de las penalizaciones: “Se está poniendo en crisis la política de sanciones contra Rusia. Si cada país exige excepciones o añade resquicios legales, el paquete de sanciones no servirá para nada”.

Problemas con el bacalao ruso

Pero no es solo Grecia, hay más países que miran hacia otro lado. Una coalición multipartidista de 105 parlamentarios de 17 países de la UE ha pedido al astillero danés Fayard y a su director ejecutivo, Thomas Andersen, que deje de prestar servicios de mantenimiento a los buques metaneros Arc7, que mantienen en funcionamiento las exportaciones rusas GNL desde el Ártico.

Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la ONG alemana Urgewald, que investiga a las empresas y entidades financieras implicadas en la expansión de los combustibles fósiles, ha señalado que cada uno de estos buques ha transportado una media de 5,3 millones de toneladas de GNL ruso, con cargamentos valorados en torno a 4.000 millones de euros. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, calificó de “inconcebible” la actuación la empresa danesa, pero no ha hecho mucho más para frenar a la compañía.

Una pausa prolongada en la imposición de sanciones puede envalentonar a los actores implicados y animarlos a seguir realizando transacciones con personas o entidades sancionadas

Mihkel Märtens
— Investigador del Center for European Policy Analysis

Además, Portugal y Alemania han mostrado su oposición al paquete de sanciones porque por primera vez se prohibía la importación de productos pesqueros rusos, que era uno de los pocos grandes sectores exportadores que no estaba afectado por las sanciones. Ambos países son grandes consumidores de bacalao y abadejo, especialmente para sus industrias transformadoras de elaborados, productos congelados y pescado rebozado. La presión estaría provocando que la Comisión rebaje la propuesta a una reducción progresiva del contingente de exportaciones, lo que daría tiempo a las empresas a encontrar otros proveedores en mercados como Noruega, Estados Unidos o China.

Finalmente, Austria también había propuesto pegas porque una de las mayores entidades del país, Raiffeisen Bank, que continúa operando en Rusia y ha vuelto a pedir que se descongelen activos rusos por valor de 2.000 millones de euros con el fin de compensar al banco por una multa impuesta por Moscú.

Cuando Ucrania está golpeando más fuerte a Rusia, cuya economía está cada mes más débil, los intereses empresariales europeos se han convertido en un freno que ayude a conducir al Kremlin a negociar una paz justa. Como explica el investigador del Center for European Policy Analysis: “La incorporación periódica de nuevas sanciones también envía una señal política de que existe voluntad de mantener e intensificar la presión sobre Rusia, desmontando la percepción del Kremlin de que el tiempo juega a su favor. Sin embargo, una pausa prolongada en la imposición de sanciones puede envalentonar a los actores implicados y animarlos a seguir realizando transacciones con personas o entidades sancionadas”.