El alcance real de la iniciativa catastral
Recientemente, en el marco del Paquete Económico 2027, el Ejecutivo federal remitió a la Cámara de Diputados una propuesta para expedir la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral. A pesar de las especulaciones iniciales, la normativa no contempla la creación de nuevos gravámenes ni incrementos automáticos al impuesto predial.
La propuesta legislativa, compuesta por 45 artículos, plantea la creación de un Plan Nacional Catastral y Registral, además de una plataforma tecnológica centralizada a cargo de la Agencia de Transformación Digital. Asimismo, contempla la asignación de una Clave Única Catastral para cada inmueble y su vinculación directa con el Registro Público de la Propiedad.
Desafíos estructurales en la recaudación local
El principal problema que busca corregir la normativa es la fragmentación informativa. Actualmente operan en el país más de dos mil registros catastrales sin un identificador común ni sincronización con los registros de la propiedad, lo que limita severamente el potencial recaudatorio de los gobiernos municipales.
Los datos de organismos internacionales reflejan el rezago fiscal del país. De acuerdo con la OCDE, México recauda apenas 0.3 por ciento del PIB por concepto de impuestos a la propiedad, una cifra inferior al promedio de 0.8 por ciento registrado en América Latina y muy distante del 1.7 por ciento del bloque de economías desarrolladas.
Específicamente, el predial ronda el 0.2 por ciento del PIB, lo que equivale a unos 78 mil millones de pesos conforme a cifras de 2024. La recaudación presenta una fuerte concentración geográfica, donde la capital del país aporta una tercera parte y un grupo reducido de demarcaciones concentra la mitad del total nacional.
Ineficiencias operativas y rezagos municipales
Las estadísticas del INEGI evidencian fallas operativas considerables en las administraciones locales. Durante 2024, los municipios —excluyendo a la Ciudad de México— proyectaron percepciones por 92 mil 800 millones de pesos, pero únicamente ingresaron 48 mil 700 millones de pesos, lo que representa un cumplimiento del 52.5 por ciento de la meta establecida.
Adicionalmente, persisten deficiencias tecnológicas y administrativas graves: tres de cada cuatro ayuntamientos carecen de herramientas digitales para el pago y 350 municipios no realizan actividades catastrales ni ejecutan cobros. A esto se suma el desfase histórico entre los valores catastrales y comerciales, un problema documentado desde décadas atrás.
Implicaciones fiscales a largo plazo
Los efectos prácticos de la iniciativa serán graduales. Los estados y ayuntamientos dispondrán como plazo límite el 31 de diciembre de 2026 para adoptar la plataforma digital y un periodo de 180 días para armonizar sus legislaciones locales, sin que ello signifique la recepción de recursos federales extraordinarios.
Especialistas señalan que la efectividad de la ley dependerá de la voluntad política de las autoridades locales para ejecutar tres tareas fundamentales: cobrar los montos ya presupuestados, incorporar predios no registrados —como los 1.4 millones de inmuebles omisos estimados en el Estado de México— y actualizar los valores de mercado.
Elevar la recaudación del predial hacia estándares latinoamericanos permitiría captar recursos significativos para las haciendas locales, transformando una de las herramientas fiscales con mayor potencial y menor aprovechamiento en el sistema financiero del país.
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