Defensa cuestiona la jurisdicción de la FGE en el proceso judicial
Durante el desarrollo de una audiencia clave, el equipo jurídico que representa al exfiscal general del estado identificado con las iniciales C.J.M. interpuso una solicitud formal para que un juez determine la incompetencia del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) para continuar con las indagatorias en contra de su cliente.
Los litigantes sostuvieron firmemente ante la autoridad judicial que las conductas señaladas corresponden estrictamente a decisiones y acciones realizadas durante el desempeño de su encargo como titular de procuración de justicia, motivo por el cual el expediente debe ser turnado de manera inmediata a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACh).
Argumentos legales basados en la normativa estatal
Para respaldar su solicitud de declinación de competencia, los defensores del exfuncionario explicaron que la FACh es el organismo público autónomo diseñado específicamente para perseguir ilícitos vinculados al servicio público y hechos de corrupción. En este sentido, hicieron mención explícita de los artículos 121 y 122 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, los cuales delimitan con claridad las facultades y la autonomía de dicha institución.
Asimismo, los asesores legales puntualizaron que, si bien la legislación vigente contempla ciertos escenarios donde la FGE podría atraer indagatorias de esta naturaleza, la ley exige la existencia de un acuerdo previo debidamente fundamentado que justifique dicha excepción procesal. A juicio de la defensa, la relevancia institucional del cargo y la naturaleza de las acusaciones hacen indispensable la participación del organismo especializado.
Implicaciones jurídicas sobre las actuaciones previas
Bajo la perspectiva de los abogados defensores, la presunta incompetencia de la FGE no solo afecta el curso actual de las pesquisas, sino que invalida o pone en entredicho las diligencias llevadas a cabo hasta el momento. Entre las acciones cuestionadas se encuentran la solicitud formal de la orden de aprehensión, así como las actuaciones ministeriales orientadas a formular imputaciones y requerir la vinculación a proceso del exservidor público.
Por consiguiente, la defensa insistió ante el juzgador en que la carpeta de investigación sea transferida a la Fiscalía Anticorrupción, permitiendo que sea dicha instancia la que asuma el control del procedimiento penal y garantice, según su postura, el apego estricto a las normas constitucionales que regulan la fiscalización de los servidores públicos en la entidad.
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