Alarma por el proyecto de ley de propiedad privada de Milei: “Están en juego la tierra, el agua y los recursos naturales”

El Gobierno del ultraderechista Javier Milei está impulsando un proyecto de ley sobre la propiedad privada que ha encendido las alarmas. La Confederación General del Trabajo (CGT), la Iglesia y organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), advierten de que facilitará la concentración y la extranjerización de la tierra y abrirá la puerta a desalojos.

Se trata de una pieza clave del diseño desregulador que el Ejecutivo argentino envió al Congreso el pasado 27 de marzo, cuyo debate se fue postergando por falta de votos. El plan del Gobierno es que el proyecto sea tratado en la sesión del 16 de julio. De manera previa, pasará este miércoles por una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria considerada clave, ya que allí se podrían introducir correcciones para sumar respaldos.

Detrás del pomposo nombre de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” se esconde el verdadero corazón de la iniciativa, diseñada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger: un desmontaje normativo que apunta directamente a modificar varias leyes en favor del avance de inversores, terratenientes y grandes propietarios. 

La Ley de Tierras Rurales, en el centro

La principal polémica se centra en un capítulo del proyecto que modifica la Ley de Tierras Rurales, eliminando las restricciones para que los extranjeros compren tierras en Argentina. Dicha norma, aprobada en 2011, estipula un tope global del 15% de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental; un límite por nacionalidad que dicta que ninguna bandera puede acaparar más del 30% de ese 15% permitido; y un techo individual de 1.000 hectáreas en la zona núcleo (o su equivalente en otras regiones) por cada titular extranjero.

La narrativa oficial suele presentar al suelo rural como extensiones inertes e improductivas que precisan el shock del capital externo. Sin embargo, esas hectáreas concentran reservas de agua dulce, biodiversidad y recursos estratégicos que cotizan en alza en un escenario global de crisis climática.

“Nuestro suelo es soberanía”

La Confederación General del Trabajo ha llamado a los legisladores a rechazar el proyecto oficialista y denuncia que Milei busca entregar los recursos naturales al extranjero. “Nuestro suelo es soberanía, no mercancía”, ha advertido la CGT sobre el tema. “Lo que está en juego es la tierra, el agua, los ríos y los recursos naturales, que son la base de cualquier proyecto de desarrollo, producción y trabajo. Sin soberanía sobre nuestros recursos no hay independencia económica. ¡No entreguen nuestra soberanía!”, dijo a los parlamentarios a través de sus redes sociales.

“¿En manos de quiénes estarán las tierras?”, se preguntó la central sindical, a lo que respondió que “la riqueza se concentra cada vez más en unos pocos tecnomagnates”. “Algunos mantienen estrechos vínculos con la Casa Rosada y fijaron domicilio en la Ciudad de Buenos Aires”, alerta la CGT, en alusión al empresario tecnológico de extrema derecha Peter Thiel.

La CGT también recuerda el caso del empresario británico Joe Lewis. “Hoy los argentinos y las argentinas ya enfrentamos obstáculos para acceder al Lago Escondido. Ese conflicto representa apenas una muestra de lo que podría multiplicarse si este proyecto se convierte en ley”, indica. En los 90, Lewis adquirió miles de hectáreas en la zona fronteriza, que incluye el Lago Escondido en su totalidad en la provincia de Río Negro y el litigio judicial giró en torno al acceso al lago, ya que ríos y lagos son de dominio público, según el Código Civil argentino.

Los riesgos

Diego Morales, abogado a cargo del área de litigio del CELS, explica a elDiario.es que, además de modificar la Ley de Tierras Rurales, el proyecto del Gobierno elimina las restricciones de la Ley de Manejo del Fuego. “Esta ley impide cambiar el destino de inmuebles incendiados por 30 años. Si ese inmueble está destinado a la agricultura, tiene que seguir siendo destinado a la agricultura. Si sobre esos terrenos quisieras construir ahora un hotel, no podrías. Con el proyecto actual, esa prohibición se eliminaría”.

Morales agrega que la iniciativa modifica la Ley de Expropiación, obligando al Estado a pagar el valor de mercado y el lucro cesante, además de justificar técnicamente la expropiación, lo que encarecerá el proceso. “Lo que dice el proyecto de ley es que el precio de ese inmueble que el Estado compra para un destino social, por ejemplo, va a ser cotizado de acuerdo al valor de mercado. En la norma vigente esto es distinto: el precio se define por una tasación que hace un órgano estatal. Si el Estado necesita comprar una tierra para desarrollar un barrio popular, o para agregarle un espacio verde o una canchita de fútbol, lo que va a tener que hacer es pagar un precio alto”.

Por su parte, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Koldo Casla, envió una comunicación al Gobierno argentino mostrando su preocupación por los desalojos. “Haciendo caso omiso de la función social de la propiedad, el proyecto de ley introduce un proceso extremadamente breve para llevar a cabo desalojos, sin evaluación de la proporcionalidad, y otorga un grado desequilibrado de protección a los propietarios a expensas del interés general de la sociedad en el caso de expropiaciones. Por ello, los cambios legales incluidos en el proyecto de ley podrían dar lugar a violaciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Argentina en 1986”.

Al respecto, el abogado del CELS señala que la iniciativa “introduce una reducción de los plazos”. “En tres días el juez tiene que resolver si desaloja a una familia, aun cuando no tengamos la sentencia. Es un tema muy delicado para el contexto económico argentino, que es la falta de pago: te pueden desalojar por adeudar una cuota o un mes. A partir de las críticas del relator de la ONU, el Gobierno ha dado señales de querer corregir este punto”, dice-

La Iglesia Católica también se manifestó en contra del proyecto y señaló: “Atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos a autodeterminarse”. En un documento conjunto de la Pastoral Social, Cáritas Argentina y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), la institución alertó sobre la extranjerización y concentración de la tierra, advirtiendo además sobre el riesgo de otorgar acceso ilimitado a corporaciones foráneas en áreas estratégicas vinculadas a reservas de agua dulce y recursos naturales no renovables.

Repliegue normativo medioambiental

Un mapa interactivo elaborado a fines de 2025 por el Observatorio de Tierras creado por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Universidad de Buenos Aires expone la radiografía actual: más de 13 millones de hectáreas ya pertenecen a capitales extranjeros. El número equivale a casi el 5% del territorio nacional, una superficie comparable a la extensión total de Inglaterra. En el podio de propietarios extranjeros se ubica Estados Unidos, con 2,7 millones de hectáreas. La nueva ley cambiaría ese porcentaje de participación.

El Observatorio de Tierras señala que la fisonomía de la soberanía territorial argentina sufrió un quiebre irreversible a mediados de los 90. “En 1996, la recién creada Secretaría de Seguridad Interior (SSI) del Gobierno de Carlos Menem absorbió las facultades de la Superintendencia Nacional de Fronteras. Bajo su órbita, se habilitó la venta de más de ocho millones de hectáreas en áreas fronterizas consideradas de seguridad nacional. La maniobra salteó el histórico Decreto 15.385 de 1944, una norma de resguardo que blindaba esas zonas para uso exclusivo de ciudadanos locales”.

“Mediante triangulaciones y ventas irregulares, la protección legal fue vulnerada, abriendo paso a desembarcos icónicos de capitales extranjeros en la Patagonia, como la adquisición de Lago Escondido por parte del magnate británico Joe Lewis y las millonarias compras del italiano Luciano Benetton”, agrega el observatorio.

La Ley de Tierras de 2011 nació para impedir el uso de testaferros, la hendija legal que hoy mantiene judicializada la situación de las tierras vinculadas al emir de Abu Dabi Mohamed bin Zayed en las cercanías de Bariloche, sur de Argentina. Según revelaron los diarios PáginaI12 y Tiempo Argentino, el Estado de Emiratos Árabes Unidos se habría apropiado ilegalmente de enormes extensiones de tierras en las regiones cordillerana y costera de Río Negro desde 2017, mediante un entramado de testaferros argentinos, directorios entrelazados y fideicomisos que presentan una falsa apariencia de legalidad.

La iniciativa que impulsa el Ejecutivo no se mueve en el vacío. Forma parte de un ecosistema de repliegue normativo medioambiental que se complementa con la ya aprobada reforma a la Ley de Glaciares y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).