El exfiscal se desmarca de la operación en la Sierra Tarahumara
El exfuncionario estatal César Jáuregui Moreno compareció ante las autoridades judiciales para rechazar de manera categórica cualquier nexo o autorización institucional con la presencia de personal extranjero en la región serrana del estado. Durante el desarrollo de su audiencia de defensa, el ex fiscal general de Chihuahua enfatizó que el expediente carece de elementos probatorios sólidos que demuestren su participación directa en los hechos.
La controversia gira en torno a un operativo de seguridad ejecutado para desmantelar un centro de producción de sustancias ilícitas ubicado en la zona de El Pinal, perteneciente al municipio de Morelos. Según los reportes judiciales iniciales, las indagatorias posteriores destaparon la presunta intervención de individuos adscritos a agencias internacionales de inteligencia, lo que encendió las alertas sobre los protocolos de colaboración transfronteriza y la soberanía en materia de seguridad.
Argumentos legales y testimonios clave de la defensa
Por su parte, el equipo legal que representa al exfuncionario, encabezado por el abogado Héctor Villasana, centró su estrategia en desvincular a su cliente de las decisiones operativas tomadas en el terreno. La defensa argumentó que las declaraciones rendidas por más de 60 personas que intervinieron en las diligencias no apuntan hacia Jáuregui como el responsable de aprobar dicha colaboración.
En su lugar, los testimonios recabados por los investigadores señalan directamente a Pedro Román Oseguera Cervantes, quien se desempeñaba como titular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) al momento de los sucesos. De acuerdo con los antecedentes del caso, Oseguera perdíó la vida en un percance vial suscitado al término de la intervención operativa, un trágico accidente en el que también fallecieron otras tres personas, incluyendo a dos ciudadanos de origen estadounidense.
Implicaciones institucionales y postura de la fiscalía
El trágico suceso vial ocurrido en abril de 2026 dejó al descubierto una red de operaciones encubiertas que obligó a las instancias federales a abrir carpetas de investigación exhaustivas. Mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la tesis de que existen bases para indagar al ex fiscal general por permitir la incursión irregular de agentes extranjeros en territorio mexicano, el equipo jurídico sostiene la inocencia de su representado bajo el argumento de la ausencia total de documentos o registros que validen una orden directa.
El proceso legal continúa su curso mientras las autoridades federales y locales evalúan las responsabilidades administrativas y penales derivadas de este acontecimiento. El caso ha generado un intenso debate en el ámbito político y jurídico sobre los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad y la rendición de cuentas de los mandos policiales en el estado.
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