Frente a los cuestionamientos públicos generados en los últimos días, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) salió al paso para aclarar los alcances reales del reciente acuerdo de colaboración suscrito con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El organismo autónomo fue categórico al descartar cualquier vulneración a su soberanía institucional o la intromisión de autoridades fiscales en sus investigaciones sust
Un acuerdo estrictamente tecnológico y administrativo
Mediante el comunicado oficial DGDDH 105/2026, emitido el pasado 2 de octubre, la dependencia federal detalló que la alianza con la instancia recaudadora posee una naturaleza exclusivamente técnica. Su objetivo principal es modernizar y dotar de mayor seguridad jurídica a los documentos institucionales mediante el uso de la Firma Electrónica Avanzada (e.firma), un mecanismo avalado por el Estado mexicano que garantiza la integridad y autenticidad de los archivos digitales.
La institución enfatizó que la implementación de esta herramienta tecnológica no representa, bajo ninguna circunstancia, una vía para que el fisco federal tenga injerencia en las tareas sustantivas de la defensoría pública.
Protección absoluta de expedientes y bases de datos
Para disipar los temores de organizaciones civiles y usuarios, la CNDH puntualizó que el convenio no contempla la transferencia de expedientes ni otorga permisos de acceso a las investigaciones en curso, bases de datos o información personal resguardada por la defensoría.
De este modo, se garantizó que el personal del SAT permanecerá completamente al margen de la emisión de recomendaciones, la atención integral a víctimas, la sustanciación de querellas y el resto de las atribuciones constitucionales enfocadas en la salvaguarda de las garantías individuales.
La e.firma no será obligatoria para los ciudadanos
Uno de los puntos clave aclarados por el organismo protector de derechos humanos radica en la accesibilidad a sus servicios. La dependencia subrayó que la utilización de la e.firma no constituirá un requisito indispensable para interponer quejas ni para recibir orientación o asesoría.
La ciudadanía mantendrá la libertad de emplear los canales tradicionales de atención ya establecidos, tales como el Sistema Integral de Quejas, sin la obligación de contar con firma electrónica, estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o cumplir con cualquier otra condición derivada de este entendimiento interinstitucional.
Apego a la digitalización gubernamental
Finalmente, la CNDH justificó la adopción de este esquema tecnológico bajo los principios de simplificación administrativa y digitalización que mandatan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.
Con estas medidas, el organismo argumentó que busca optimizar la eficiencia interna, agilizar los trámites burocráticos y blindar tecnológicamente las actuaciones electrónicas que emite en el ejercicio diario de sus funciones.
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