Continúa bajo lupa la Secretaría de Desarrollo Humano con revisión exhaustiva de nóminas y compras
Las labores de fiscalización correspondientes al proceso de transición en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común avanzan conforme a los plazos establecidos, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades estatales encargadas de la vigilancia interna.
Fiscalización profunda a programas, personal y adquisiciones
El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Fierro Duarte, dio a conocer que las indagatorias administrativas vigentes abarcan múltiples rubros operativos esenciales de la dependencia, poniendo especial atención en la correcta aplicación de los recursos públicos.
El funcionario detalló que esta auditoría abarca los programas sociales que se brindan a la ciudadanía, las nóminas del personal y la adquisición de insumos para las despensas que distribuye la dependencia.
Respecto a los tiempos estimados para concluir estas indagatorias, el responsable de la fiscalización estatal explicó que este tipo de procedimientos suele tardar entre tres y tres meses y medio en completarse.
Protocolo de investigación y sanciones ante anomalías
La dependencia encargada del control interno recordó que el seguimiento a cualquier posible anomalía administrativa se rige por un protocolo legal estructurado para garantizar el debido proceso y la transparencia institucional.
En caso de detectarse alguna irregularidad, el expediente se canaliza al área de investigación de la SFP; si se confirma la falta, pasa al área de responsabilidades y, de tratarse de un asunto grave, se le concede al involucrado el derecho de audiencia antes de turnarlo al Tribunal de Justicia Administrativa (TEJA) para su resolución final.
Panorama general de las carpetas de investigación
Además de la supervisión específica en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, el organismo fiscalizador mantiene abierto un flujo constante de expedientes en las diferentes oficinas gubernamentales del estado.
Asimismo, el titular de la SFP señaló que en lo que va del año se han abierto alrededor de 93 carpetas, y subrayó que todas las dependencias estatales deben someterse a este mismo proceso de revisión.
Con estas acciones, las autoridades buscan inhibir cualquier mala práctica dentro de la administración pública y asegurar que los apoyos institucionales lleguen de manera transparente a los sectores que más lo necesitan en la entidad.
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