Irregularidades financieras en la administración de Liconsa en Chihuahua
Una reciente revisión a la administración pública federal ha encendido las alarmas en el norte del país tras revelarse un millonario boquete financiero. La gestión al frente de la representación estatal de Liconsa en territorio chihuahuense, encabezada en su momento por Gregorio Chávez Treviño, quedó bajo el escrutinio de los órganos fiscalizadores del Estado mexicano debido a una serie de inconsistencias operativas y financieras.
Los detalles de esta problemática salieron a la luz tras la revisión exhaustiva correspondiente a la Cuenta Pública 2023. En este ejercicio de fiscalización, las autoridades detectaron un monto total de 45 millones de pesos sin aclarar, cifra que ahora exige una justificación detallada por parte de los exfuncionarios involucrados y que pone de manifiesto la falta de controles internos eficaces durante ese periodo.
Hallazgos críticos: pagos a personas fallecidas y compras fantasma
Entre los aspectos más delicados que arrojó la revisión destaca el manejo de los recursos destinados a la adquisición de insumos con proveedores locales. Los inspectores descubrieron que la dependencia gubernamental continuó liberando fondos públicos a favor de personas que ya no se encontraban con vida, lo que evidencia una total opacidad en el registro y validación de los padrones comerciales.
Específicamente, se documentaron transferencias por un valor aproximado de 973 mil pesos entregadas a un proveedor cuyo deceso ocurrió el 5 de febrero de 2023. Asimismo, las indagatorias revelaron un esquema similar con otra persona, a quien se le canalizaron cerca de 53 mil pesos a pesar de haber fallecido el 4 de marzo de ese mismo año. Adicionalmente, la autoridad fiscalizadora advirtió sobre un posible pago irregular estimado en 4.5 millones de pesos bajo el concepto de precio de garantía.
Observaciones al padrón de productores y desvío de recursos
El informe de la auditoría también profundiza en las fallas detectadas dentro del programa de acopio de leche y el trato con los pequeños y medianos productores de la región. De acuerdo con el expediente, se canalizaron más de 35 millones de pesos a ganaderos que presuntamente incumplían con las reglas de operación establecidas, rebasando el límite máximo de cabezas de ganado permitido para ser beneficiarios de estos subsidios federales.
Sumado a lo anterior, el organismo fiscalizador detectó erogaciones destinadas al pago de leche cuya recolección y posterior traslado hacia las plantas procesadoras jamás pudieron ser comprobados documentalmente. Estas anomalías operativas no solo reflejan una deficiente supervisión logística, sino que abren la puerta a presuntos actos de corrupción.
Derivado de estos hallazgos, la auditoría promovió un total de siete posibles responsabilidades administrativas. Del mismo modo, el expediente subraya la necesidad imperativa de iniciar una investigación formal en contra de Gregorio Chávez Treviño para deslindar culpas ante probables conductas tipificadas como abuso de funciones y el desvío sistemático de recursos públicos.
About the Author
