La libre manifestación es un pilar indiscutible de cualquier sociedad democrática. Es la válvula de escape de las demandas ciudadanas, el altavoz de las minorías y la herramienta histórica para conquistar derechos.
Sin embargo, en los últimos años hemos normalizado un método de protesta que socava el tejido social, el bloqueo sistemático de las vías de comunicación.
Cuando una manifestación estrangula la ciudad, las carreteras, diversos accesos, surge una pregunta incómoda pero urgente: ¿dónde terminan los derechos de las y los manifestantes y dónde empiezan los de los demás?
La respuesta jurídica es clara, aunque en la práctica parezca olvidada. Ningún derecho es absoluto. La Constitución protege la libre expresión y el derecho de reunión, pero la misma Carta Magna y los tratados internacionales garantizan el derecho a la libre circulación, a la salud, al trabajo y a la educación.
El colapso de una avenida principal no es solo una afectación al tráfico, es a la y el paciente que no llega a su cita médica, a personas trabajadoras que pierden el bono de puntualidad del que depende su despensa, y a las y los estudiantes que pierden un examen decisivo.
El núcleo del problema radica en la distorsión del objetivo de la protesta. El derecho a manifestarse busca visibilizar un reclamo ante la autoridad, no capturar como rehenes a las y los ciudadanos ajenos al conflicto para presionar al gobierno.
Usar el libre tránsito de terceros como moneda de cambio es una estrategia de desgaste que genera una preocupante fractura social. Lejos de despertar empatía hacia la causa, los bloqueos prolongados provocan resentimiento, polarización y un clamor social por el uso de la fuerza.
¿Hasta dónde debe permitirse? La tolerancia del Estado debe encontrar su límite exacto en la afectación de los derechos humanos de terceros.
Permitir la libre manifestación implica garantizar espacios públicos para la expresión, marchas ordenadas y concentraciones. No implica otorgar un cheque en blanco para paralizar la vida económica y médica de una comunidad.
La autoridad no puede seguir siendo un espectador pasivo que evade su responsabilidad de aplicar la ley por temor al costo político.
Garantizar el orden no es reprimir, es gobernar. Es urgente transitar hacia un modelo donde la protesta social conviva con la movilidad urbana. Esto requiere protocolos claros de actuación, la delimitación de carriles exclusivos para marchas y, sobre todo, canales de diálogo gubernamental eficaces que resuelvan los conflictos antes de que tomen las calles.
La libertad de expresión es sagrada, pero pierde toda su legitimidad moral cuando se construye sobre las ruinas de la libertad de los demás.
Juntas y juntos impulsemos el derecho a la libre manifestación sin pisotear los derechos y las libertades de los demás.
Jennifer Islas. Política y conferencista.
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