Exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, comparece ante juez, definirán si lo vinculan a proceso

Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, comparece ante el juez de control Mario Elizondo Martínez, adscrito al centro de justicia penal federal en Almoloya de Juárez, quien definirá si lo vinculan o no a proceso por el delito de desaparición forzada de personas en el caso Ayotzinapa.

El viernes pasado, su defensa solicitó la ampliación del plazo para definir su situación jurídica y recabar pruebas para tratar de echar abajo la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que hoy se reanudó la audiencia de imputación.

El juez ordenó que Aguirre Rivero esté presente, por lo que lo trasladaron del penal del Altiplano al centro de justicia penal federal.

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De acuerdo con los análisis desarrollados por la fiscalía en colaboración con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se logró acreditar la posible participación de Ángel Aguirre al ocultar evidencia clave para conocer el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“La FGR cuenta con datos de prueba que acreditan que la instrucción para realizar dicho ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces mandatario de la entidad, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel”, señaló la dependencia en un comunicado.

La FGR señaló que cuenta con datos de prueba que acreditan que la instrucción para realizar dicho ocultamiento se giró de manera directa por el entonces mandatario de la entidad, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel.

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Estos y otros elementos contenidos en la investigación permiten sostener que lejos de resultar un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal.

“La búsqueda de la verdad y justicia en el caso Ayotzinapa constituye una ineludible responsabilidad del Estado mexicano con las familias de los jóvenes desaparecidos”, resaltó la FGR.