El Supremo de EEUU falla contra los límites a los gastos de los partidos en campañas presidenciales y al Congreso

El tribunal ha decidido si se debe mantener una ley federal de hace más de 50 años que limita el gasto de los partidos políticos con los candidatos al Congreso y a la presidencia
El Tribunal Supremo ha decidido sobre los límites del gasto de los partidos políticos en apoyo de los candidatos al Congreso y a la presidencia. Es decir, si se debe mantener una ley federal de hace más de 50 años que limita el gasto de los partidos.
Se trataba de un recurso contra una ley federal que limita la cantidad de dinero que los partidos políticos pueden gastar en coordinación con un candidato a un cargo federal.
En 2001, en el caso Federal Election Commission (FEC) contra el Comité de Campaña Federal Republicano de Colorado, el Supremo confirmó los límites por 5 votos contra 4; el juez Clarence Thomas (el único miembro de aquel tribunal que sigue en el actual) redactó el voto particular discrepante.
Cuando este caso llegó al tribunal de apelación, este señaló, en esencia, que los demandantes tenían algunos argumentos válidos, pero que estaba obligado a acatar la decisión del Tribunal Supremo en el caso de 2001.
La Administración Trump se negó a defender los límites al gasto de los partidos, por lo que los magistrados designaron a Roman Martínez, antiguo secretario del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts y del entonces juez Brett Kavanaugh, para que lo hiciera.
Es un caso sobre financiación de campañas electorales cuya cuestión central es si los límites federales a los “gastos coordinados de los partidos” —el dinero que los partidos políticos destinan a publicidad y comunicaciones en coordinación directa con sus candidatos— violan la Primera Enmienda –que protege a los ciudadanos frente a la injerencia y censura del gobierno federal–.
La demanda fue presentada inicialmente en 2022 por el entonces candidato al Senado J.D. Vance, ahora vicepresidente de EEUU, el Comité Nacional Republicano del Senado (NRSC) y el Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC).
En virtud de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA), los partidos están sujetos a límites estrictos sobre la cantidad que pueden gastar en cooperación directa con las campañas de sus candidatos.