Estrategia legal para evitar la prisión preventiva
Durante la audiencia en la que se indagan los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, la defensa legal del ex fiscal general de Chihuahua, identificado como C. J. M., puso sobre la mesa una serie de garantías para disipar cualquier peligro de fuga. Con el propósito de eludir la medida de prisión preventiva, los representantes jurídicos propusieron que el exfuncionario enfrente el procedimiento judicial bajo la modalidad de arresto domiciliario, respaldado tecnológicamente.
Como parte central de esta propuesta, los abogados manifestaron su absoluta disposición para entregar formalmente a las autoridades el pasaporte mexicano y la visa estadounidense vigentes del imputado. De esta manera, buscaron desactivar los argumentos ministeriales sobre un supuesto riesgo elevado de evasión de la justicia hacia el extranjero.
Cuestionan presuntos vínculos con agencias extranjeras
En el desarrollo de la diligencia, la representación legal refutó los señalamientos de la fiscalía respecto a una supuesta cercanía o influencia del exservidor público con instancias de seguridad en Estados Unidos. Los litigantes argumentaron que las carpetas de investigación carecen de datos de prueba sólidos que demuestren una colaboración directa entre C. J. M. y dichos organismos internacionales.
Según la exposición de la defensa, las menciones presentadas por la contraparte se limitan a referencias sobre personal que acudió a recibir capacitación en el estado de Florida. Sin embargo, recalcaron que los testimonios incorporados a la causa penal no precisan que el ex fiscal haya impartido dichos cursos, ni mucho menos demuestran un conocimiento personal o una red de apoyo que facilite una huida fuera del país.
Argumentan arraigo familiar y ausencia de daño patrimonial
Para reforzar la solicitud de medidas cautelares menos gravosas, los abogados defensores insistieron ante el juez de control en el sólido arraigo que el acusado mantiene en territorio nacional. Subrayaron que tanto su esposa como su núcleo familiar residen de manera permanente en la ciudad de Chihuahua, lo cual anula las probabilidades de que pretenda sustraerse de la acción penal.
Asimismo, los juristas hicieron hincapié en que el ilícito que se le imputa no contempla la obligación de una reparación del daño, aspecto que suele considerarse como un factor de riesgo para determinar la posibilidad de fuga. Por esta razón, concluyeron que la imposición de la medida cautelar más severa resulta desproporcionada frente a las condiciones reales del caso, exigiendo la implementación de un brazalete electrónico como alternativa viable para garantizar la sujeción del procesado al juicio.
About the Author
