Fijan para el próximo jueves la audiencia de vinculación del ex fiscal general de Chihuahua
El proceso legal que enfrenta el exfiscal general de Chihuahua, identificado como C. J. M., continuará su curso el próximo jueves 22 de octubre de 2026 a las 10:00 horas. Esta decisión se tomó luego de que el equipo legal del exfuncionario solicitara formalmente la duplicidad del periodo constitucional para definir su situación jurídica ante las acusaciones formuladas por las autoridades estatales.
Detalles de la imputación y los delitos señalados
Durante el desarrollo de la audiencia inicial, la representación social del Ministerio Público finalizó la presentación de sus elementos probatorios. En su intervención, la fiscalía insistió en la necesidad de que el juez dicte el auto de vinculación a proceso por los cargos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
Dichas imputaciones están directamente vinculadas con la presunta intervención de agentes extranjeros en diversos operativos tácticos desarrollados en la demarcación territorial de Morelos, dentro del estado de Chihuahua, un expediente que ha generado gran atención pública y que es comúnmente identificado como el caso CIAGate.
Estrategia de la defensa y plazos legales
Frente a los señalamientos y la petición de apertura de juicio por parte de la fiscalía, los abogados defensores decidieron acogerse al recurso legal que amplía el plazo constitucional a 144 horas. Esta medida busca garantizar que la defensa disponga del tiempo necesario para estructurar de manera adecuada sus argumentos y refutar las acusaciones antes de que la autoridad judicial emita un resolutivo definitivo sobre el caso.
Tras evaluar la solicitud, el juez de control responsable del caso calendarizó la continuación de la audiencia inicial para el día jueves a las 10:00 horas, realizando la notificación oficial a todos los actores involucrados en el proceso penal.
Receso y organización de pruebas
Previo a concluir la sesión preliminar, la defensa del exfuncionario solicitó una pausa operativa con una duración de 40 minutos. Este tiempo muerto tuvo como propósito principal permitir a los litigantes coordinar su estrategia de intervención, compartir documentación relevante con el Ministerio Público, analizar la posible inclusión de evidencias en formato digital y sostener deliberaciones privadas con su representado.
Con este panorama, el futuro legal de C. J. M. se definirá en los próximos días, cuando el órgano jurisdiccional determine si existen los indicios suficientes para iniciar un proceso penal formal en su contra por los delitos que se le imputan.
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