Funcionario de seguridad justifica calificar a las bandas criminales como organizaciones terroristas
Ante los recientes hechos de violencia que han puesto en riesgo la estabilidad institucional y la integridad de las fuerzas del orden, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Chihuahua, Gilberto Loya, respaldó firmemente la postura de clasificar a las estructuras delictivas bajo la etiqueta de terroristas. Esta postura surge a raíz de una agresión armada directa cometida contra una aeronave oficial en el municipio de Coyame.
La gravedad de las agresiones contra la autoridad
El incidente al que hace referencia el funcionario involucró una ofensiva coordinada en la que se dispararon más de 24 proyectiles contra un helicóptero perteneciente a la corporación policial estatal. Para Loya, este tipo de acciones rebasan los límites de la delincuencia común y se adentran en el terreno del terrorismo operativo.
Durante su intervención, el responsable de la seguridad pública enumeró una serie de factores que, desde su perspectiva, validan esta categorización jurídica y operativa. Entre los elementos mencionados destacan los intentos deliberados por derribar aeronaves en pleno vuelo, el empleo táctico de artefactos explosivos lanzados mediante drones y la gestión de centros clandestinos con capacidad para fabricar más de 100 mil dosis diarias de metanfetamina.
Una respuesta a la estrategia estatal
El secretario argumentó que el atentado contra la aeronave no representa un hecho aislado, sino una reacción violenta ante los golpes frontales que la corporación ha propinado a las redes de suministro y operación de estos grupos en la región. Para el funcionario, la magnitud de la violencia empleada exige una redefinición en la manera en que el Estado nombra y combate a estas organizaciones.
Al profundizar en su postura sobre la naturaleza de estas células delictivas, el titular de la secretaría zanjó el debate institucional con una frase contundente: «Las cosas hay que llamarlas como son: si son terroristas, son terroristas», enfatizando que la denominación responde estrictamente a la gravedad de los métodos utilizados para intimidar a la población y desafiar al gobierno.
El impacto de la justicia y la postura ante posibles represalias
En el mismo contexto de seguridad, el funcionario se refirió a las consecuencias legales que enfrentan los principales operadores de estas redes criminales. A su juicio, la reciente sentencia dictada en contra de Noel «El Flaco» Salgueiro envía una señal de firmeza por parte de las instituciones de procuración de justicia y demuestra que el Estado mantiene la capacidad de castigar los liderazgos de alto nivel.
Asimismo, al ser cuestionado sobre el riesgo de que estas acciones judiciales y los operativos de combate frontal desaten una ola de represalias por parte de los carteles, el secretario descartó dichos temores, asegurando que las corporaciones de seguridad se encuentran preparadas para contener cualquier reacción y mantener el control territorial en el estado.
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