Gustavo Gorriti, el periodista que destapó Lava Jato, ante una nueva amenaza penal: “Es una campaña de desinformación y descrédito”

El periodista de investigación peruano Gustavo Gorriti está a un paso de enfrentar una investigación penal vinculada a sus revelaciones del caso Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, con tentáculos por toda América Latina y en especial en Perú, tras una nueva ofensiva impulsada por el Congreso del país andino.

Gustavo Gorriti (Lima, 1948) es el director y fundador de IDL-Reporteros, un medio de periodismo de investigación conocido por sus reportajes sobre corrupción que involucran a personajes poderosos. Con una larga trayectoria de revelaciones de las tramas ocultas del poder peruano, en los últimos años su trabajo ha girado en torno al caso Lava Jato, cuyo impacto ha sacudido a toda la región durante la última década y del que derivó la macrocausa de la constructora brasileña Odebrecht, que compró a políticos, empresarios y funcionarios de todo el continente a cambio de multimillonarios contratos. 

El Congreso peruano aprobó el 12 de junio el informe final de la comisión parlamentaria que ha investigado los acuerdos, suscritos en 2019, entre el Poder Judicial y Odebrecht sobre la “colaboración eficaz” o “delación premiada” (confesiones de imputados en la causa a cambio de beneficios judiciales) que permitieron romper los pactos de silencio entre corruptos y avanzar en las investigaciones judiciales. 

Gorriti y su portal IDL-Reporteros utilizaron esta información para indagar y revelar los sobornos a políticos y funcionarios, pero hoy su trabajo ha derivado en cuestionamientos de la Fiscalía y el Parlamento sobre el acuerdo firmado.

“Es un ejemplo casi grotesco de conflicto de intereses: los cinco congresistas que integran la comisión [de mayoría de ultraderecha y derecha] están siendo investigados en el marco del caso Lava Jato”, explica en una entrevista telefónica con elDiario.es.

El informe aprobado recomienda denunciar penalmente tanto a los fiscales a cargo del caso como al periodista, acusado de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia bajo el argumento de haber ofrecido supuestos favores mediáticos a cambio de influir en decisiones de la Fiscalía. 

“Una campaña muy intensa”

IDL-Reporteros comenzó a investigar la trama en 2011. En 2015 llegaron los viajes a Brasil por el caso Lava Jato, entrevistas a fiscales, a la Policía Federal y a la Fuerza de Tarea, entre muchos otros. “Decidimos dedicar la mayor energía a este trabajo”, dice. Tras darse cuenta del alcance internacional del caso, creó una red latinoamericana de periodismo de investigación con profesionales de Argentina, Uruguay, Panamá y Venezuela, entre otros. 

Tras años como reportero, el medio fue premiado por la Red Global de Periodistas de Investigación (GIJN) y sus revelaciones provocaron una ola de indignación en Perú.

Sin embargo, lo que el periodista –y los fiscales a cargo de las indagatorias– han enfrentado después ha sido una “contraofensiva” judicial y política “para tratar de anular las revelaciones fiscales y del periodismo de investigación en el caso Lava Jato”.

Gorriti sostiene que desde entonces se ha desplegado una campaña “muy intensa” de “desinformación” y de “descrédito y calumnias” impulsada por una “coalición corrupta” que reúne a sectores ideológicamente enfrentados –desde la ultraderecha del excandidato presidencial Rafael López Aliaga, hasta el fujimorismo, pasando por el partido izquierdista Perú Libre– pero unidos por un interés común: desacreditar las investigaciones del caso Lava Jato.

La comisión investigadora –que redactó el texto aprobado por el Parlamento– fue presidida e impulsada por el congresista Alejandro Muñante, del partido de extrema derecha Renovación Popular, investigado en el caso Lava Jato. Su líder, López Aliaga, quedó tercero en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de abril, con un 11,9% de los votos. Aliaga está siendo actualmente investigado por lavado de activos en el marco del caso Panamá Papers y por colusión y “negociación incompatible” en el proceso de endeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ciudad de la que ejerció como alcalde.

El comunicador ha denunciado en distintas ocasiones que López Aliaga “ha azuzado campañas de calumnias, de hostigamiento y de descabelladas acusaciones fiscales” en su contra desde 2019. El ultraderechista lo ha apuntado como “el gran enemigo del Perú”, que “debe salir del país porque hace mucho daño” e incluso ha llegado a decir que “hay que cargárselo de una vez al caballero”, en referencia al periodista.

En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares al considerar que enfrentaba un alto riesgo.

“Un retroceso profundo”

Desde 2022, Perú ha perdido 67 puestos en la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras: descendió del puesto 77 al 125, la caída más grande entre cualquier país de América Latina.

En total, una decena de presidentes y expresidentes en América Latina, además de decenas de altos cargos y empresarios, fueron salpicados por los casos Odebrecht y Lava Jato, siendo Perú y Brasil los países con las investigaciones más profundas. “Casi todos los presidentes de Perú de este siglo resultaron comprometidos de una u otra manera con evidencias crecientes”, precisa Gorriti.  

Cuatro exmandatarios –Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski– además de la actual presidenta electa Keiko Fujimori han sido procesados y han pasado tiempo en prisión o en libertad vigilada por este caso. 

“Lo que pensábamos que fue un avance cualitativo para el periodismo de investigación al servicio de la democracia –dice Gorriti–, terminó en un retroceso profundo”.

A partir de la pandemia, se comenzó a forjar “una suerte de reacción de parte de algunos de los implicados en esto”, “una ofensiva de desinformación para lograr un descrédito contra mi persona”. 

El fiscal tendrá que examinar el costo-beneficio de una acción supuestamente ejemplarizadora

La campaña de descrédito, en la que también ha participado el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch a través de sus redes sociales, tomó fuerza, sobre todo en el Congreso, que también fue adquiriendo cada vez más poder. “Han modificado leyes, han colocado a personas afines en los organismos reguladores, promovieron purgas dentro del sistema judicial y atacaron a fiscales, investigadores y periodistas, fundamentalmente a mí”.

Hoy los dos fiscales del Equipo Especial Lava Jato han sido apartados del caso. El investigador principal, José Domingo Pérez, ha sido expulsado del Ministerio Público; mientras que el coordinador, Rafael Vela, está siendo investigado y también fue suspendido de su cargo en el caso. 

“No me he arrepentido ni por un momento”

Desde que empezó a ejercer el periodismo en la década de los ochenta, Gustavo Gorriti ha enfrentado ataques, amenazas e intentos de descrédito por sus investigaciones. En 1992, tras años de indagar la corrupción y los vínculos del narcotráfico de altos funcionarios del entonces presidente Alberto Fujimori, fue secuestrado después del autogolpe de Estado del exdictador, quien, según las investigaciones, ordenó su captura. 

La disciplina “física y mental” con las que ha sido capaz de sobrellevar décadas de hostigamiento se las debe, según él, a las artes marciales que practica desde muy joven y que lo llevaron a proclamarse seis veces campeón nacional de judo.

En una suerte de preludio del escenario actual, en 2024 la Fiscalía abrió una investigación preliminar en su contra por un supuesto apoyo mediático a los fiscales Domingo Pérez y Vela y le reclamó los números telefónicos que usó entre el 2016 y el 2021 para conocer las fuentes de sus investigaciones. En diciembre el fiscal archivó la causa. 

Sin embargo, ahora, tras haber admitido la apelación de los denunciantes para que sea revisado, la Justicia podría reabrir el caso, lo que implicaría otro foco judicial para el periodista.  

El informe aprobado por el Congreso será ahora enviado al fiscal nacional Tomás Gálvez, que fue investigado por corrupción. “Tendrá que decidir si merece o no abrir una investigación y si es que esa acusación, de una forma u otra, es redundante respecto de otras investigaciones que están haciendo”.

La nueva ofensiva judicial contra Gorriti se produce en un momento de creciente retroceso institucional en Perú y coincide con el regreso al primer plano político de Keiko Fujimori, que pasó un año en prisión preventiva por Lava Jato y quien asumirá la Presidencia el 28 de julio.

La respuesta que más sirve y lo que tiene más efecto es la reacción ciudadana y de los medios internacionales

Gálvez “tendrá que examinar el costo-beneficio de una acción supuestamente ejemplarizadora” y con “propósito de venganza”, sostiene Gorriti, para que “ninguna acción como la que yo he llevado a cabo como periodista de investigación quede sin castigo”.

Más allá de la respuesta en la esfera judicial que dará, el periodista apuesta por la contestación global y colectiva: “La que más sirve y lo que tiene más efecto es la reacción ciudadana y de los medios internacionales, el nivel de escándalo que eso pueda significar dentro y fuera de Perú”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), junto con el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), organizaciones de periodistas como Reporteros Sin Fronteras y Fundación Gabo, periodistas de investigación y organizaciones de defensa de la libertad de expresión de América y Europa han expresado su rechazo al uso del poder legislativo en Perú “para hostigar y silenciar”, mediante la amenaza penal, a un periodista cuyas investigaciones han expuesto graves casos de corrupción contra poderosos actores políticos y judiciales.

“Son luchas más largas, complejas y difíciles de lo que uno puede pensar, en las que entran en juego muchos factores que no están en el control de uno”, cierra Gorriti, pero “ni por un momento me he arrepentido de lo que he hecho”.