Una disputa legal con interpretaciones encontradas
El debate en torno al futuro del manejo de residuos en la capital del estado escaló recientemente, luego de que el regidor y presidente del Consejo Estatal de Morena, Hugo Eduardo González Muñiz, cuestionara duramente las declaraciones emitidas por el alcalde Marco Bonilla y diversos funcionarios municipales respecto al estatus jurídico del proyecto en Mápula.
De acuerdo con el edil, la administración local ha intentado posicionar un mensaje triunfalista que dista de la realidad procesal. A su juicio, la resolución del juez no representa un aval para iniciar las obras, sino todo lo contrario, ya que el amparo fue concedido a los inconformes, frenando de manera definitiva los planes actuales de edificación.
“El Municipio miente cuando dice que ganó. La sentencia dice exactamente lo contrario, ya que el amparo fue concedido y el proyecto sigue detenido. Una conferencia de prensa no modifica una sentencia ni cambia sus efectos jurídicos. “Documento mata discurso”, dijo Hugo González.
El regidor enfatizó que, si el ayuntamiento hubiera obtenido un fallo favorable real, la maquinaria y los trabajos ya habrían comenzado. Sin embargo, el mandato judicial impone candados estrictos que no pueden soslayarse mediante posicionamientos políticos o comunicados oficiales.
Condiciones técnicas y ambientales indispensables
La resolución judicial establece que el proyecto permanecerá paralizado hasta que se solventen una serie de exigencias técnicas, ambientales y de consulta ciudadana. Lejos de tratarse de trámites burocráticos menores, estas directrices buscan salvaguardar los recursos naturales de la región.
“El proyecto permanece detenido hasta que se acrediten plenamente las condiciones técnicas, ambientales y de participación pública ordenadas por el juzgado, y no se trata de una simple formalidad sino de medidas indispensables para proteger el agua”, indicó el presidente del consejo estatal de morena.
Entre los requerimientos señalados destacan la implementación de sistemas avanzados de impermeabilización, mecanismos eficaces para la detección oportuna de fugas de lixiviados, un monitoreo constante de los cuerpos de agua subterránea y la validación técnica rigurosa de cada una de las fases del proyecto.
Asimismo, el expediente judicial subraya que la ubicación seleccionada se encuentra sobre el acuífero Villalba, específicamente en una zona considerada fundamental para su recarga natural. Esta situación, respaldada por diversas evaluaciones técnicas, mantiene en alerta a especialistas y defensores del medio ambiente.
Advertencias técnicas sobre el acuífero Villalba
Durante el litigio se han incorporado dictámenes elaborados por instancias especializadas e peritos oficiales que ponen en duda la viabilidad del terreno. Entre ellos destaca el oficio RJE.07.02.-102, emitido el 10 de diciembre de 2024 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el cual advierte categóricamente que el predio se sitúa en la ruta del flujo subterráneo que alimenta dicho acuífero.
Adicionalmente, expertos en la materia han señalado incompatibilidades normativas graves. Por un lado, el ingeniero Jesús Enrique Pablo Dorantes determinó que el sitio incumple con los lineamientos establecidos en la NOM-083-SEMARNAT-2003. Por otro lado, el perito Julio Constantino Valdivieso Rosado recordó que el numeral 6.1.4 de la citada norma prohíbe de manera absoluta el establecimiento de infraestructura de este tipo en planicies aluviales y áreas de recarga hidrológica.
Ante este panorama marcado por antecedentes de sequías prolongadas en la región, el regidor insistió en que las prioridades de desarrollo urbano deben replantearse para evitar daños irreversibles al patrimonio hídrico de los habitantes.
“Chihuahua no tiene agua de sobra, recordó, y la ciudad ha padecido sequías severas durante años. Poner en riesgo una reserva estratégica de agua subterránea sería una decisión profundamente irresponsable, con consecuencias para las generaciones presentes y futuras”.
Para finalizar, el representante popular reiteró que la controversia no radica en la necesidad urgente de encontrar alternativas para la disposición de la basura, sino en la pertinencia de elegir una ubicación que comprometa el recurso más elemental para la subsistencia de la población.
“La basura tiene alternativas, pero el agua de Chihuahua no”, concluyó Hugo González.
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