Alianzas inesperadas en Bruselas por el ajuste financiero
Las negociaciones en curso para definir el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) han propiciado un acercamiento poco habitual entre bloques comunitarios tradicionalmente enfrentados. La disputa inicial enfrentaba a los socios frugales del norte frente a los países partidarios de elevar el gasto público. Sin embargo, ante la urgente necesidad de evitar recortes drásticos y financiar las demandas de Kiev, se ha rescatado una controvertida alternativa: el uso de los 210.000 millones de euros en activos rusos que permanecen inmovilizados.
Esta estrategia ha unificado las posturas de economías defensoras de la austeridad, como Alemania, Suecia y los Países Bajos, con Estados que tradicionalmente reclaman mayores inversiones comunes, entre ellos España. La presión conjunta busca evitar que el peso de la reconstrucción recaiga exclusivamente sobre las finanzas de los contribuyentes europeos, abriendo una vía para destrabar unas conversaciones que se vislumbraban estancadas.
La postura ucraniana y el desafío de los costes de defensa
Desde el Gobierno ucraniano se ha valorado positivamente esta iniciativa coordinada por varios Estados miembros. Las autoridades de Kiev insisten en que las necesidades económicas para hacer frente a la agresión militar son cada vez mayores y superan con creces los mecanismos actuales. En este contexto, el ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, señaló que “Ucrania necesita cubrir el creciente desfase entre sus gastos de defensa y los costes de reconstrucción y recuperación. Es justo y lógico utilizar los activos rusos, en lugar de recurrir únicamente al dinero de los contribuyentes europeos. Mediante un debate profesional y un análisis riguroso, los expertos pueden desarrollar soluciones viables que sean conformes con las normas europeas, el derecho internacional y el principio del Estado de derecho, al tiempo que los riesgos pueden mitigarse y repartirse colectivamente de forma equitativa, sin imponer una carga injusta a ningún Estado miembro en particular”.
A finales del año pasado, la Unión Europea intentó sin éxito emplear directamente dichos capitales, encontrándose con el veto frontal de Bélgica ante posibles litigios legales. Como alternativa provisional, se articuló un préstamo comunitario de 90.000 millones de euros. Recientemente, la Comisión Europea aprobó un desembolso parcial de 6.100 millones de euros destinado a la adquisición de armamento avanzado y sistemas de defensa antiaérea, incluidos misiles del tipo Patriot.
Nuevas fórmulas jurídicas para repartir el riesgo
El principal obstáculo radica en la reticencia belga debido al riesgo judicial que la medida implica para sus instituciones financieras, específicamente la entidad Euroclear. Para solventar este escollo, la propuesta actual contempla transferir la custodia de dichos fondos desde la jurisdicción nacional belga hacia un marco regulado de manera conjunta por toda la Unión Europea. De este modo, el riesgo de posibles demandas por parte del Banco Central de Rusia se asumiría de forma solidaria entre todos los socios comunitarios.
Ante la insuficiencia de los préstamos aprobados, un amplio grupo de europarlamentarios ha vuelto a reclamar a Bruselas la puesta en marcha de este plan. Por su parte, la Comisión Europea ha confirmado que esta posibilidad “nunca ha estado fuera de la mesa. Sigue estando ahí como una herramienta”. Mientras tanto, la justicia europea continúa avalando el uso de los rendimientos generados por estos capitales, permitiendo la transferencia sistemática de miles de millones de euros hacia las capacidades defensivas de Ucrania.
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