Migrantes mexicanos en Estados Unidos son deportados de forma irregular hacia Centroamérica
El plan original de Arturo Trejo Gutiérrez era regresar a la capital mexicana tras ser interceptado por las autoridades migratorias en Mission, Texas, muy cerca de la frontera con Tamaulipas. Sin embargo, al percatarse de la presencia de ciudadanos hondureños a bordo de la aeronave, asumió que se trataba de una simple escala en su ruta hacia su país natal, según relató en una entrevista concedida a Noticias Telemundo. La escala nunca ocurrió y su destino final resultó ser territorio centroamericano.
El avión aterrizó en San Pedro Sula, considerada la segunda urbe más importante de Honduras, sitio donde fue abandonado. Con 56 años de edad y oriundo de Jacala, localizado en la zona norte de Hidalgo, llevaba desempeñándose como jardinero en Texas durante 16 años.
La detención ocurrió el 7 de agosto mientras se dirigía a su centro de trabajo, siendo embarcado rumbo al extranjero días más tarde. Su travesía de retorno incluyó su llegada a Honduras el 13 de agosto, su paso por Tapachula el 15 y su arribó final a la Ciudad de México el 17, completando un recorrido por vía terrestre que le tomó cuatro días tras su expulsión.
Una práctica sistemática y en aumento
Este episodio no constituye un hecho aislado. Desde hace varios meses, las autoridades estadounidenses envían mexicanos a Centroamérica en aviones que cruzan el país sin aterrizar. Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, confirmó que durante el transcurso de 2026 se ha registrado la llegada de 2,284 mexicanos deportados a su territorio, una cifra que contrasta fuertemente con los 15 casos reportados en el transcurso de 2025.
Bajo un esquema operativo coordinado, el gobierno guatemalteco los recibe bajo la condición de pasajeros en tránsito y los retorna a territorio mexicano en un lapso menor a 24 horas, mediante un acuerdo respaldado financieramente por el propio gobierno de México. Por su parte, en Honduras, registros oficiales ventilados por la agencia AP documentan la llegada de 82 mexicanos a San Pedro Sula distribuidos en dos vuelos específicos efectuados el 13 y 15 de agosto, además de anticipar nuevas operaciones. Previamente, las autoridades hondureñas habían contabilizado seis casos hasta el mes de febrero.
Ante cuestionamientos de la prensa, el Instituto Nacional de Migración confirmó que esta dinámica opera desde el mes de abril, especificando que las personas devueltas ingresan hacia la zona sur de México a través de traslados en autobús. De acuerdo con las instancias norteamericanas, el propósito principal de esta medida consiste en obstaculizar un nuevo intento de retorno irregular.
Contradicciones oficiales y opacidad estadística
La postura oficial del gobierno mexicano dista de lo documentado en terreno. La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó a la cadena CBS News que el Estado mexicano recibe de manera invariable a sus connacionales, desaprueba cualquier expulsión dirigida hacia terceros países y niega la existencia de convenios formales al respecto.
Históricamente, Estados Unidos aplicaba la deportación a terceros países únicamente bajo circunstancias excepcionales, tales como la negativa explícita de las naciones de origen para aceptar a sus ciudadanos —caso específico de Cuba— o cuando mandatos judiciales prohibían la repatriación directa por representar riesgos graves para la integridad de los deportados. Actualmente, los ciudadanos mexicanos continúan siendo recibidos por su nación tanto por vía terrestre como aérea.
Durante su conferencia matutina semanal, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el acumulado de repatriaciones desde el 20 de enero de 2025 asciende a 271,193 personas, aunque dicha métrica engloba exclusivamente a los connacionales recibidos directamente en el país y omite a aquellos derivados hacia administraciones extranjeras.
Actualmente no existe un registro oficial centralizado que contabilice con exactitud a los ciudadanos mexicanos expulsados hacia naciones terceras. Ante la ausencia de estadísticas públicas por parte de los gobiernos involucrados, la información disponible se fundamenta en reportes parciales.
A las estadísticas de Guatemala y Honduras se suman otros 165 casos documentados entre mayo y mediados del mes de julio por las organizaciones humanitarias Human Rights First y Refugees International, además de 11 incidencias registradas en Costa Rica desde enero de 2025.
Como antecedente de mayor distancia geográfica figura el caso de Jesús Muñoz Gutiérrez, un ciudadano mexicano con sentencia condenatoria por homicidio que fue expulsado hacia Sudán del Sur en mayo de 2025 en compañía de otros siete extranjeros, logrando retornar a México en septiembre de ese mismo año.
Por su parte, un par de funcionarios adscritos al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, consultados por CBS News, estimaron que la cifra de afectados asciende a cientos de personas, aunque evitaron proporcionar balances detallados. Mediante un comunicado, la dependencia federal enfatizó que recurrirá a todas las alternativas jurídicas disponibles para dar continuidad a sus operativos de expulsión.
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