Tribunal Supremo de Estados Unidos permite de forma temporal continuar con las obras del salón de baile de Trump
El presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, ha emitido una orden que permite a la administración de Donald Trump retomar temporalmente los trabajos de construcción del nuevo salón de baile en la residencia presidencial.
Esta decisión llega después de que diversas instancias judiciales inferiores hubieran ordenado la paralización cautelar del megaproyecto, cuyo valor estimado asciende a 400 millones de dólares.
Una medida provisional mientras se estudia el caso
Mediante un breve comunicado oficial, el magistrado Roberts ha justificado su fallo como un mecanismo para disponer de mayor margen de análisis frente a la solicitud de emergencia presentada por el equipo legal del mandatario estadounidense.
La resolución del alto tribunal coincide exactamente con la fecha límite establecida este viernes por un tribunal de apelaciones, el cual exigía la suspensión inmediata de las obras en el complejo de la Casa Blanca.
A principios de este mes, un juez federal determinó que la edificación de este enorme espacio, diseñado para ocupar 8.000 metros cuadrados, necesita indispensablemente el visto bueno del Congreso para seguir adelante.
Polémica por la destrucción patrimonial
Los planes faraónicos de la presidencia no se limitan únicamente a este gran salón de gala. Recientemente, el mandatario también hizo públicos sus propósitos de levantar un búnker militar subterráneo justo debajo de la estructura, con previsión de finalizarlo en 2028.
Durante el pasado mes de octubre, la administración procedió a demoler de forma unilateral una parte sustancial de la sección oriental del ala este, zona que albergaba las oficinas de la primera dama y una sala de cine histórica.
En su lugar, el proyecto contempla levantar un salón monumental inspirado en el estilo versallesco, decorado con lujosas lámparas araña doradas y acabados de gran suntuosidad.
Fuertes críticas de la oposición y conservacionistas
Desde el anuncio inicial de la demolición, la iniciativa ha generado un profundo rechazo político por parte de la oposición y de numerosas organizaciones cívicas.
Entidades como el Fondo Nacional para la Preservación Histórica han denunciado la intervención, recordando que la residencia oficial pertenece al patrimonio cultural y arquitectónico de toda la ciudadanía estadounidense y no debe ser modificada sin los consensos adecuados.
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