Investigación sobre los bombardeos iniciales
Un reciente documento elaborado por la Misión de Investigación de la ONU para Irán ha encendido las alertas internacionales al señalar la existencia de “motivos razonables” para atribuir presuntos crímenes de guerra al gobierno de Estados Unidos. La investigación detalla que estas acciones bélicas tuvieron lugar durante los primeros compases del conflicto en territorio iraní.
El organismo internacional subraya que las operaciones militares ejecutadas el pasado 28 de febrero vulneraron normativas internacionales fundamentales. En concreto, los expertos ponen el foco en dos enclaves situados en el sur del país asiático que sufrieron bombardeos de alta intensidad sin una justificación proporcional.
Ataques contra civiles y zonas residenciales
Uno de los episodios más graves analizados corresponde a la ofensiva contra una escuela ubicada en la localidad de Minab. Según el informe oficial, el “crimen de guerra de lanzar un ataque indiscriminado con muerte y lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil” se consumó en este punto, cobrándose la vida de más de 150 personas, entre las cuales figuraban aproximadamente 120 menores de edad.
Asimismo, la ofensiva simultánea en una zona residencial de Lamerd dejó un saldo de 22 civiles muertos tras el uso de armamento de precisión. Los peritajes determinaron que los proyectiles dispersaron perdigones metálicos sobre un complejo deportivo y áreas habitadas plenamente identificables.
Represión interna y crímenes en Irán
De forma paralela, el documento examina el comportamiento de las autoridades locales frente a las movilizaciones ciudadanas previas a la escalada bélica. La misión concluyó que “las fuerzas de seguridad del Estado cometieron asesinatos a una escala alarmante en las 31 provincias”, tipificando estos abusos sistémicos como posibles delitos de lesa humanidad.
Las tácticas empleadas incluyeron el uso de armamento letal desde posiciones elevadas y el empleo masivo de gas lacrimógeno para cercar a los manifestantes. El texto denuncia que al menos 221 niños perdieron la vida durante estos operativos de contención urbana, además de registrarse ataques deliberados contra centros sanitarios y personal médico.
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