La reciente muerte del diputado federal Zenyazen Escobar García agrava el panorama de inseguridad que afecta a los representantes populares en Veracruz, una demarcación que durante el año pasado lideró las estadísticas nacionales de violencia en el ámbito político y electoral con 104 casos documentados por la firma especializada Integralia Consultores.
Desde el arranque de la actual administración federal, un total de 27 figuras públicas, entre legisladores en funciones, exintegrantes del Poder Legislativo, alcaldes y exediles, han perdido la vida en circunstancias violentas a lo largo del territorio veracruzano.
El registro histórico, comprendido entre el 1 de diciembre de 2018 y septiembre de 2026, contabiliza 26 homicidios directos, a los que se aúna el deceso de Escobar García, localizado sin vida el pasado viernes al interior de un automóvil con una lesión provocada por arma de fuego en la demarcación de Puente Nacional.
Indagatorias y antecedentes críticos
Las diligencias ministeriales quedaron bajo la jurisdicción de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que hasta el cierre de este reporte no había esclarecido de manera pública si el fallecimiento del congresista derivó de una agresión homicida, un acto autoinfligido u otra línea de investigación.
Entre los antecedentes más graves de los últimos años destaca el homicidio de Juan Carlos Molina Palacios, quien se desempeñaba como diputado local y líder regional de la Confederación Nacional Campesina, ultimado el 9 de noviembre de 2019 en las inmediaciones de su propiedad ubicada en el municipio de Medellín de Bravo.
Posteriormente, en febrero de 2021, la exlegisladora federal y local Gladys Merlín Castro fue asesinada junto a su hija en la localidad de Cosoleacaque. A este crimen se sumó el de Alexis Sánchez García, exdiputado local y funcionario del Congreso estatal, quien perdió la vida en un atentado perpetrado en marzo de 2023 en Tezonapa.
La violencia contra los representantes populares alcanzó nuevamente a la esfera federal el 9 de diciembre de 2024, cuando Benito Aguas Atlahua, diputado federal y exalcalde de Zongolica, fue baleado, falleciendo a consecuencia de las lesiones sufridas.
Concentración de riesgos a nivel nacional
El balance anual elaborado por Integralia Consultores contabilizó 382 agresiones de carácter político-electoral en territorio mexicano durante 2025, abarcando crímenes, atentados armados, intimidaciones, privaciones de la libertad y desapariciones de actores vinculados a la vida pública.
Dentro de este contexto adverso, Veracruz concentró más del 25% de la incidencia total del país con su centenar de registros, superando ampliamente a otras regiones conflictivas.
Las entidades con mayores incidencias tras el liderazgo veracruzano fueron:
- Guerrero, con 34 casos
- Morelos, con 32 casos
- Oaxaca, con 29 casos
- Puebla, con 26 casos
- Guanajuato, con 21 casos
Los especialistas advierten que este fenómeno delictivo incide de manera directa en aquellas regiones donde convergen la fragmentación de células delictivas, los conflictos por el predominio geográfico y los vacíos en la capacidad institucional.
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