Colombia pone fin al primer gobierno de izquierdas de su historia en un traspaso manchado por el bucle de la corrupción
El ultraderechista Abelardo de la Espriella asume el cargo esto viernes y ha anunciado que dirigirá un bloque técnico diseñado para combatir la red de desfalcos, pero los expertos apuntan a la necesidad de abordar reformas estructurales menos mediáticas y personalistas
El elefante en la habitación: Colombia ha elegido a un paquidermo como senador para denunciar la corrupción en el país
Colombia pone fin al primer gobierno de izquierdas de su historia y gira a la extrema derecha con la toma de posesión este viernes del ultra Abelardo de la Espriella, quien ganó por un estrechísimo margen al candidato oficialista de izquierdas, Iván Cepeda, bajo la promesa de una lucha firme contra la corrupción sistémica del país.
Gustavo Petro deja la presidencia con un legado complejo. Ha cumplido algunos de los pilares de su programa, como el aumento de salario mínimo o las reformas tributaria y de pensiones, pero se va sin haber logrado su ambiciosa “paz total” con los grupos armados y rodeado de varias denuncias que van desde el desvío de fondos de emergencia hasta la compra de votos en el Congreso. Con exministros en prisión preventiva y llamados a juicio, y una acusación de última hora contra el mandatario saliente por parte de su exjefa de despacho, el país cierra capítulo.
En este escenario, el ultraderechista Abelardo de la Espriella asume el mando rompiendo una tradición centenaria: no jurará el cargo en el céntrico Capitolio de Bogotá, sino en una universidad privada de Cali, la tercera ciudad del país. Así, el penalista asciende a la presidencia con la promesa de crear un bloque especializado anticorrupción: “Voy a revisar obra por obra, licitación por licitación”.
Colombia cambia de manos bajo un guion que se repite cada cuatro años. El mayor escándalo del cuatrienio de Petro se orquestó en la entidad estatal diseñada para mitigar los estragos de terremotos, inundaciones e incendios: la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los recursos destinados a socorrer a las poblaciones más vulnerables habrían terminado convertidos en moneda de cambio para comprar el respaldo de partidos, de todo el arco político en el Congreso, a las reformas del Ejecutivo. El entramado criminal, según la Fiscalía, habría desviado más de 166 millones de euros (612.000 millones de pesos colombianos) mediante el direccionamiento ilícito de contratos públicos para asegurar mayorías legislativas.
Incluso Cepeda, el candidato presidencial que aspiraba a salvar el legado del oficialismo, lo reconoció meses antes de perder las elecciones en segunda vuelta por un margen mínimo de 0,96 puntos frente a De la Espriella. En una entrevista, el senador del izquierdista Pacto Histórico aceptó los desmanes de la Administración saliente y confesó sentir “vergüenza” por ellos.
No obstante, lejos de blindarse con promesas electorales, declaró con crudeza que erradicar el problema de raíz sería una “utopía”: “Sería incurrir en demagogia, dado el arraigo del fenómeno en las instituciones colombianas”. Su conclusión, leída a la luz de este 7 de agosto, retrata el terreno que hereda su rival: “La corrupción en Colombia es un sistema y está presente en todas las entidades y en todos los niveles. Cada Gobierno viene a administrarla”.
El 10% del presupuesto
Los índices internacionales le ponen cifra al problema: el fenómeno le cuesta a Colombia unos 50 billones de pesos colombianos (alrededor de 10.700 millones de euros y casi el 10% del presupuesto del Estado de 2025), de acuerdo con datos oficiales de 2017. Sin embargo, la investigadora de Transparencia Internacional Adriana Romero sitúa el punto de partida en dos termómetros globales que retratan una realidad inmóvil. El primero es el Índice de Percepción de la Corrupción: Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100 cuando Petro asumió el poder y cerró 2025 con 37. Una caída de dos puntos en un indicador que, por su naturaleza, se mueve a paso de tortuga.
El segundo es el Índice del Estado de Derecho del World Justice Project, que mide realidades institucionales más que opiniones. En este caso, aunque el país se ha mantenido estancado en los 48 puntos, aparece un hallazgo: una de las peores calificaciones no la recibe la Presidencia, ni los jueces, ni los militares. La nota más baja recae, de forma crónica, sobre los hombros del Congreso de la República.
Se trata de un termómetro directo a la hora de entender uno de los nudos de esta historia. El Congreso peor evaluado del país, aunque renovado este año en las urnas y recién instalado el 20 de julio, sigue operando bajo las mismas dinámicas que lo desacreditan: financiación opaca de campañas, una fragmentación de partidos que encarece el precio de cada voto y el trueque permanente de contratos por respaldo político. No obstante, para la periodista Paula Bolívar, que destapó el desfalco de la UNGRD, esas redes van más allá del Capitolio.
El director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, dice a elDiario.es: “Lo novedoso [en el Ejecutivo saliente] no es el mecanismo, sino la escala”. Recuerda que Colombia ya dominaba el abecedario de la corrupción: la financiación irregular de campañas, la captura de entidades públicas, el clientelismo y el intercambio de contratos inflados por apoyos políticos. Pero en este cuatrienio, subraya el experto, la gravedad radica en que las piezas se articularon, por momentos, en un patrón más organizado.
“Si nadie paga, sale barato robar”
Bolívar, autora del libro de investigación El desastre de los decentes, define con nitidez el “oficio del corrupto” en Colombia. Su trabajo destapa un engranaje asentado en el corazón de ciertas dependencias del Estado, manejado por redes criminales que preceden al propio Petro. Según Bolívar, este entramado cuenta con su propia normalidad laboral: desde reuniones de contabilidad y el reparto de comisiones a contratistas, hasta visitas sigilosas entre parlamentarios y actores privados. Se trata de un sistema blindado por la connivencia empresarial, marcado de vez en cuando por las mafias, y que incluye sus propios mecanismos de previsión: dentro del botín, los implicados reservan la cuota necesaria para costear la defensa jurídica y asegurar su libertad “en caso de que los agarren”.
Para entender por qué se reproduce este flagelo, hay que asomarse a la arquitectura política colombiana. A diferencia de España, el modelo es presidencialista: el Ejecutivo es elegido por sufragio directo, goza de un mandato fijo de 4 años y no depende del Parlamento para sostenerse, aunque sí necesita mayorías legislativas para aprobar cada reforma. Por eso, al verse obligado a forjar esos respaldos desde fuera, sin la disciplina que aporta una coalición previa sólida, el Gobierno debe negociar en un tablero atomizado: una veintena de partidos con representación en el Congreso, alianzas frágiles y ningún bloque hegemónico.
El principal problema de Colombia no es la falta de operativos, sino la ausencia de instituciones independientes y de mecanismos reales de prevención
Ese diseño no es nuevo. Desde hace décadas, cada cuatro años se repite el mismo desfile de cargos públicos salpicados mientras el Congreso se niega a tocar los mecanismos para blindarse del desvío de dinero o de fondos sucios. La financiación electoral sigue siendo opaca y la laxitud de los organismos de control, según Enciso, “eleva la impunidad y reduce el coste esperado de la corrupción: si nadie paga, sale barato robar”. Así, las cloacas denunciadas por Bolívar permanecen intactas: los escándalos estallan en la prensa, encienden la indignación y terminan durmiendo en juzgados saturados mientras la sociedad asume la factura.
Un bloque de búsqueda
Contra ese engranaje mide, a partir de este viernes, sus fuerzas el ultra Abelardo de la Espriella al asumir la Presidencia de Colombia. El mediático penalista de 49 años ha convertido la lucha contra la corrupción en uno de los ejes de su discurso. Su apuesta pasa por una herramienta inédita: un bloque de búsqueda especial subordinado a su mando directo para perseguir los desfalcos mediante inteligencia financiera, policía judicial y procesos exprés de embargo de bienes. “Aquí no se va a tolerar la corrupción; aquí nadie tiene corona”, advirtió el pasado 20 de julio en Medellín.
Para Enciso, la iniciativa puede ser útil, pero no debe confundirse con una política anticorrupción. “El principal problema de Colombia no es la falta de operativos, sino la ausencia de instituciones independientes y de mecanismos reales de prevención”, sostiene. Sin reformas estructurales, advierte, un órgano supeditado directamente al presidente se expone a la politización: el peligro de seleccionar los casos por conveniencia política, contra el Gobierno saliente u opositores, mientras se obvian otros. Adriana Romero coincide y anticipa en la propuesta el enfoque previsible de un penalista: castigar el delito cuando ya se ha cometido, en lugar de evitar que ocurra.
Frente a los operativos de choque del nuevo presidente, sin embargo, existe un camino menos vistoso. Romero apunta a reformas de calado que ya encadenan una década congeladas, o encalladas, en el Congreso: la protección legal a los denunciantes, la regulación de grupos de presión o lobbies y la obligación de transparentar qué nombres se esconden detrás de las empresas que contratan con el Estado. Son medidas silenciosas, sin embargo, advierte la analista, son pilares básicos sin los cuales cualquier bloque de búsqueda estará condenado a perseguir el humo.
Las cosas sí cambian cuando pones el foco en el lugar correcto
La caída del dominó que ha sacudido al país desde febrero de 2024 comenzó con un hilo sutil: la llamada de un ciudadano desde La Guajira, la olvidada península desértica, al extremo norte de Colombia, donde los niños indígenas mueren de sed. El Estado había enviado una flota de camiones cisterna para mitigar la sequía, pero los vehículos permanecían averiados, inservibles. Era un monumento al abandono. Cuando Paula Bolívar decidió investigar aquel rastro, casi nadie recordaba la existencia de la oficina nacional encargada de socorrer las emergencias del país. Tirar de aquella manta desveló el saqueo. “Las cosas sí cambian cuando pones el foco en el lugar correcto”, concluye la reportera.
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