El Gobierno danés impulsa una reforma educativa
El Ejecutivo de Dinamarca ha presentado una iniciativa legislativa en el Parlamento para permitir que los docentes recurran al contacto físico ante alumnos que agredan a compañeros o alteren el normal desarrollo de las clases de manera significativa. De acuerdo con el texto oficial, la medida contempla que los profesores puedan agarrar a un alumno, retenerlo en su sitio o sacarlo del aula en contra de su voluntad, estableciendo que esta clase de intervenciones deben constituir siempre un último recurso.
La propuesta forma parte de una estrategia conjunta de los partidos que integran la coalición de centroizquierda. Aunque un intento anterior quedó paralizado debido al adelanto electoral, el actual Ministerio de Educación defiende que la normativa aportará seguridad jurídica y normas claras a los profesionales de la enseñanza frente a situaciones de violencia escolar.
Argumentos a favor del profesorado
Desde las carteras ministeriales se argumenta que el marco legal actual deja desprotegidos a los docentes cuando intentan frenar conductas disruptivas graves. Las estadísticas oficiales señalan que más de uno de cada cuatro profesores cree que la violencia ha aumentado en los centros educativos durante los últimos años.
Por su parte, el sector sindical mayoritario ha recibido la iniciativa con optimismo, argumentando que urge proteger tanto la integridad del profesorado como el derecho de la mayoría a recibir una enseñanza sin interrupciones. El presidente del sindicato de docentes afirmó que se trata de fortalecer la seguridad jurídica de los profesores para garantizar un entorno adecuado.
Voces críticas contra la nueva normativa
A pesar del respaldo institucional y sindical, diversos expertos pedagógicos y organizaciones sociales han manifestado su absoluto rechazo a la medida. Entre las principales voces discordantes se encuentra la investigadora Louise Klinge, quien calificó la propuesta asegurando que «es una solución desesperada e ineficaz para un problema mucho mayor» y advirtió sobre el peligro de deteriorar el clima escolar.
En la misma línea, agrupaciones de defensa de la infancia han calificado la propuesta como un retroceso en los derechos de los menores. Los detractores sostienen que el empeoramiento de la convivencia responde a la falta de recursos y a las sucesivas reformas aplicadas en la última década, exigiendo que se priorice la inversión en apoyo pedagógico antes que la habilitación de medidas coercitivas.
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