Nuevas directrices ante el retraso procesal
Frente a un panorama donde se contabilizan 210 mil 459 asuntos con algún grado de retraso, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) ha girado instrucciones para implementar esquemas inéditos de productividad dirigidos a los diversos órganos y tribunales federales del país.
Dichas disposiciones operativas buscan servir como una herramienta diagnóstica precisa para identificar con exactitud las regiones que demandan apoyos institucionales, esquemas extraordinarios de intervención o una redistribución equitativa de las cargas laborales cotidianas.
Criterios y medidas extraordinarias
De acuerdo con la disposición oficial difundida en el Diario Oficial de la Federación, las estrategias diseñadas para cada demarcación judicial tendrán la obligación de estipular una productividad mínima semanal exigible a los secretarios encargados de desahogar los expedientes.
Dentro de los factores analizados por el OAJ para explicar el fenómeno del rezago no solo se encuentran las cargas extraordinarias, la carencia material de órganos o la falta presupuestal, sino también problemáticas vinculadas directamente con el rendimiento interno del personal, tales como deficiencias organizacionales, baja efectividad operativa y conflictos entre titulares.
Como parte de las acciones correctivas contempladas, se proyecta el despliegue estratégico de personal y órganos auxiliares hacia aquellas sedes que presenten las situaciones críticas más severas. No obstante, se estableció una condicionante estricta: aquellos recintos que reciban dicho auxilio deberán garantizar que su producción semanal esté integrada, de preferencia, por al menos el 50% de los expedientes con mayor antigüedad.
Críticas a la viabilidad de las nuevas exigencias
Ante este escenario, César Alejandro Ruiz Jiménez, presidente del Círculo Mexicano de Derecho y Libertad, advirtió que la normativa refleja un entendimiento parcial de la dinámica diaria en los tribunales, relacionando la crisis actual con las modificaciones profundas implementadas recientemente en la carrera judicial.
“Remover de golpe aproximadamente al 50 por ciento de las personas juzgadoras implicó perder una enorme cantidad de experiencia institucional acumulada durante años. Aunque algunas hayan regresado por medio del nuevo sistema de elección… eso no subsana el daño provocado por la ruptura de una carrera basada en la formación y preparación progresivas”, declaró a 24 HORAS.
El especialista puntualizó que los estándares vigentes exigen habitualmente cinco expedientes semanales por cada secretario adscrito a Juzgados de Distrito, reduciéndose a tres en el caso de los Tribunales Colegiados de Circuito, umbrales que ya se perciben sumamente comprometidos.
Asimismo, recordó que la elaboración de cualquier proyecto jurisdiccional demanda un riguroso proceso que comprende la revisión exhaustiva de las constancias, el desglose del conflicto legal, la consulta de precedentes y la redacción formal del fallo.
“Esas cargas ya se encuentran cerca del límite de lo humanamente razonable; por lo que, incrementarlas puede elevar estadísticamente el número de resoluciones, pero difícilmente mejorará su calidad”, concluyó.
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